Las mutuas catalanas, acorraladas por la corrupción y la deriva independentista

El sector de las mutuas de accidentes laborales de Cataluña se hundirá si los partidos independentistas logran su objetivo y se produce la secesión. Compañías como Mutua Universal, Asepeyo, o Activa Mutua verán como sus ingresos se desploman al salir de la Seguridad Social española. Esta posibilidad, junto con la crisis que están experimentado las mutuas tras los recientes escándalos de corrupción, son factores que amenazan la supervivencia de estas compañías.

Según admite la propia Generalitat en un informe encargado al denominado «consejo asesor para la transición catalana», en el caso de que se produjera la independencia las autoridades catalanas deberían cubrir un agujero anual de 1.332 millones de euros en las cuentas de las mutuas. Si se atiende al coste total que deberá asumir el nuevo país en términos de Seguridad Social el importe roza los 30.000 millones de euros.

Los principales ingresos de las mutuas provienen de las cotizaciones sociales, que pagan los empresarios y los trabajadores. Esta caja única se rompería si se produjera la secesión, y las mutuas con sede en Cataluña deberían financiarse exclusivamente con las aportaciones de las compañías y empleados implantadas en el nuevo país.

Según las fuentes del sector consultadas por Okdiario “esto supondría la práctica desaparición de las mutuas catalanas, que deberán dejar de dar cobertura fuera de Cataluña ante el desplome de los ingresos”. La única vía para su supervivencia “sería que se fusionaran y que afrontaran una reestructuración total de su negocio”.

Corrupción y elevados salarios

A esta incertidumbre se suman los recientes escándalos de corrupción que han salpicado a las mutuas, tras años en los que el Tribunal de Cuentas ha advertido sobre su opacidad y los altos salarios de sus directivos, que rozan de media los 200.000 euros anuales, más del doble que el presidente del Gobierno, según datos de 2014 recopilados por Economía Digital.

La última mutua afectada es Mutua Universal. La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha pedido penas de prisión que oscilan entre los quince años y los dos años para once ex directivos de la compañía por «malversación de fondos» y «apropiación indebida», entre otros delitos.

La acusación considera que “desviaron” 195 millones de euros que deberían haber retornado a las arcas de la Seguridad Social. La Fiscalía apunta que los acusados crearon un “complejo entramado” empresarial que inflaba facturas por la prestación de supuestos servicios a la mutua.

No es el único caso de corrupción en este sector. Fuera de Cataluña, la mutua Fremap fue apercibida el pasado año por la Seguridad Social tras descubrir que había gastado indebidamente más de 43 millones de euros de dinero público que debería haber servido para la atención médica de los trabajadores. La mutua recurrió el caso ante la Audiencia Nacional tras descubrirse que parte del dinero se gastó en dietas, viajes y coches de lujo para directivos.

Obligadas a devolver el 20% del beneficio

Según establece la normativa, cuando concluye el año, las mutuas están obligadas a devolver el 20% del beneficio a la Seguridad Social, integrando el 80% restante a las reservas de estas instituciones que no pueden tener ánimo de lucro y que deben usar los fondos sólo para el desarrollo de su actividad.

El dinero que devuelven las mutuas va a parar al Fondo de Prevención, que es una especie de hucha en la que hay en la actualidad 4.646 millones de euros. Las mutuas son técnicamente entidades colaboradoras de la Seguridad Social que asumen la gestión de competencias en la cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Su cuota de mercado en este ámbito es del 98%.