La CNMC quiere acabar con el monopolio de Ecoembes en la gestión de residuos

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció sanciones contra varias empresas del sector de recogida de residuos por «prácticas anticompetitivas». Muchas de las compañías multadas forman parte de Ecoembes, la asociación que coordina el actual Sistema Integrado de Gestión de residuos.

Competencia asegura en el expediente que entre las compañías involucradas «hubo múltiples contactos bilaterales, desarrollados en ámbitos geográficos y temporales distintos, todos ellos referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas en los contactos».

Meses después, la Audiencia Nacional dejó sin efecto las sanciones a las 39 empresas, pero el mensaje transmitido por Competencia fue (y es) claro: el modelo actual no se corresponde con el de una economía de libre mercado.

Fuentes del sector sostienen que el sistema actual está «obsoleto» e impide que haya competencia, y recuerdan que los países de nuestro entorno han cambiado introduciendo mecanismos de mercado, lo que les ha permitido reducir costes y mejorar la eficiencia.

La falta de competencia impide que diversos operadores internacionales que están interesados en acceder al mercado español de gestión de residuos puedan desembarcar en nuestro país. Sin embargo, algunas compañías asiáticas podrían acceder a través de adquisiciones de empresas españolas, ya que «los márgenes son muy elevados, a costa del consumidor», aseguran fuentes del sector.

Un segundo expediente sería demoledor

Algunos expertos denuncian la situación del sector y aseguran que «un segundo expediente sería demoledor» y supondría un golpe «muy duro» contra el modelo de gestión actual. «La calidad del sistema actual es muy pobre porque se trata de un monopolio en el que las empresas pactan entre ellas para no perjudicarse», explican.

No sólo sería grave la apertura de un segundo expediente, sino que las sanciones del primero, de no haber sido anuladas por la Audiencia Nacional, habrían puesto en jaque a muchas de las compañías que forman Ecoembes. Varias de las empresas habrían tenido que hacer frente a multas muy elevadas para su tamaño, por lo que se habrían visto obligadas a acudir a concursos de acreedores.

De hecho, la de 2015 no fue la primera ocasión en la que se abrió expediente contra el sector de la recogida de residuos, pero sí la primera vez que se realizó de forma tan amplia. Hasta entonces, las sanciones se habían realizado de manera parcial, por áreas.

El expediente de Competencia, unido a la oposición que Retorna está haciendo con la ayuda de los gobiernos locales de Podemos y PSOE, pone así en cuestión el modelo y supone una crítica severa a un sistema que actualmente se gestiona de espaldas al mercado.