La Justicia de la UE anula la multa de 1.060 millones de Bruselas a Intel por abuso de posición dominante
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló este miércoles la multa de 1.060 millones que la Comisión Europea (CE) impuso en 2009 a la compañía informática estadounidense Intel por abuso de posición dominante en el mercado de microprocesadores. Tras casi diez años de investigación, Bruselas concluyó que la empresa había desarrollado entre 2002 y 2007 una estrategia destinada a excluir a sus competidores ofreciendo descuentos a cuatro fabricantes de equipos informáticos a cambio de que compraran a Intel la totalidad o casi la totalidad de los procesadores x86.
También detectó que Intel había efectuado pagos al distribuidor europeo de aparatos microelectrónicos Media-Saturn con la condición de que vendiera exclusivamente ordenadores equipados con procesadores x86 de la marca. Estas prácticas llevaron al Ejecutivo comunitario a considerar que Intel había desplegado una conducta contraria a las reglas europeas de competencia que habían reducido la oferta de procesadores para los consumidores y los incentivos a la innovación.
Por todo ello, la Comisión Europea impuso a Intel una multa de 1.060 millones de euros, que entonces fue la más alta de la historia de la UE, pero el caso fue llevado a los tribunales europeos por la compañía estadounidense.
Aunque el Tribunal General de la UE desestimó en 2014 un primer recurso a la sanción, Intel recurrió a la instancia superior (el Tribunal de Justicia de la UE) por considerar que se había incurrido en el error de no examinar los descuentos ofrecidos a fabricantes de equipos informáticos «tomando en consideración la totalidad de las circunstancias del caso».
Un análisis «incompleto»
El tribunal de Luxemburgo dio en 2017 la razón al fabricante estadounidense de microprocesadores y ordenó al Tribunal General que volviera a analizar el asunto. En este contexto, la sentencia de este miércoles concluye que el análisis realizado por la Comisión Europea para multar a Intel fue «incompleto» y «no permite demostrar de modo jurídicamente suficiente que los descuentos controvertidos podían o podrían tener efectos contrarios a la competencia»
Este hecho lleva al Tribunal General de la UE a anular de forma parcial la decisión del Ejecutivo comunitario, en la medida en que ésta considera que las prácticas llevadas a cabo por Intel constituyen un caso de abuso de posición dominante.
Con respecto a la cuantía de la multa, el Tribunal General apunta que no puede identificar el importe correspondiente y, en consecuencia, anula «en su totalidad» la sanción de 1.060 millones decidida por Bruselas.
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