La justicia de EEUU destroza la política de Ribera con los impagos a las renovables: 5º fallo en contra
Un juez de EEUU confirma el laudo arbitral que obliga a España a pagar 40 millones a Cube Infrastructure
Contundente derrota del Gobierno de Pedro Sánchez en los tribunales de Estados Unidos (EEUU) por la estrategia judicial llevada a cabo por Teresa Ribera y su sucesora en el ministerio, Sara Aagesen, por los impagos a las renovables. El Tribunal de Distrito de Columbia ha fallado en contra de España en el caso que dirime contra Cube Infraestructure por no pagar el laudo arbitral dictado en 2019 por el Ciadi, adscrito al Banco Mundial.
La decisión de la juez reafirma que los tribunales del país norteamericano reconocen el laudo como una sentencia propia y admiten la posibilidad de ejecutar embargos de bienes españoles en el país en caso de que el Gobierno español continúe sin atender las indemnizaciones impuestas en los tribunales de arbitraje por los impagos a las renovables.
Porque es ya la quinta derrota consecutiva de Ribera y Aagesen en EEUU. La deuda reconocida por el tribunal y dictada por el Ciadi asciende a 40 millones de euros, por lo que el valor de los bienes que los diferentes inversores internacionales han ganado a España en tribunales norteamericanos y que pueden ser embargados asciende ya a 950 millones.
El caso de Cube se suma a los de Watkins, Antin, RREEF o Infrared, consolidando un patrón claro de jurisprudencia que avala la ejecución de las condenas arbitrales del Ciadi. Se da la circunstancia de que estas cinco sentencias afectan a empresas de la Unión Europea, por lo que decae el argumento esgrimido por el Gobierno en estos juicios según el cual este tipo de laudos no serían ejecutables en suelo norteamericano.
Cube, la compañía denunciante, impulsó tres plantas fotovoltaicas y distintas instalaciones hidroeléctricas en España. Tras el recorte retroactivo de las primas renovables, la empresa inició un arbitraje ante el Ciadi en el primer semestre de 2015. El fallo favorable a la compañía se emitió en 2019 y, desde entonces, España se ha negado a cumplir con el dictamen, que impone un pago de 33,7 millones de euros, a los que hay que sumar tres millones por intereses de demora y 3,5 millones en costas ligadas al proceso. En total, una deuda de 40,2 millones.
España acumula 26 laudos impagados, más que cualquier otro país del mundo, y afronta un riesgo creciente de embargos millonarios que ya han afectado activos financieros, como los pagos de Enaire por parte de Eurocontrol, así como bienes inmuebles, caso de la sede del Instituto Cervantes en Londres.
Las empresas afectadas insisten en que, si no se alcanzan acuerdos como el cerrado en junio por el Gobierno con la corporación nipona JGC, España se expone a una escalada de litigios y medidas de ejecución que pueden comprometer su reputación internacional y su patrimonio en el extranjero, especialmente en EEUU.
¿Cuál es el origen de este conflicto entre España y los inversores internacionales en energías renovables? Hay que remontarse a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero decidió aprobar unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y ante la grave crisis económica que heredó, decidió unilateralmente recortar las primas al 7%.
Los inversores internacionales decidieron acudir a los arbitrajes para reclamar indemnizaciones por los recortes a las primas, tribunales que les están dando la razón en la mayoría de los casos. El Gobierno de Sánchez eligió la estrategia de obviar esos laudos y optó por los impagos a las renovables, lo que ha originado una avalancha de denuncias en los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido.
El resultado de momento es que la estrategia del Gobierno de Sánchez está fracasando y está perdiendo los juicios, abriendo la puerta a que las empresas embarguen bienes españoles en esos países.
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