La jueza anuncia un ERE de extinción para Ombuds tras no presentarse ninguna oferta por su negocio
En el aire la seguridad de Prisiones o del Metro de Madrid. El juzgado intentará subrogar algún servicio de Ombuds pero al resto de posibles interesados no les compensa adquirir los trabajadores con sus deudas.
Estocada definitiva para Ombuds Seguridad, que con toda probabilidad está viviendo sus últimas semanas antes de desaparecer. El juzgado mercantil número 13 de Madrid ha reunido al comité de dirección de la empresa de seguridad privada para informales de que no se ha presentado ninguna oferta para quedarse con los activos de la compañía. De este modo, Ombuds se liquidará y sus actividades quedan en el aire.
La sociedad aún mantiene contratos de seguridad privada para instituciones como Metro de Madrid o para la zona centro de Instituciones Penitenciarias (Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura). En estos momentos, todos estos servicios quedan en el aire dado que la desaparición última de Ombuds se puede producir en las próximas semanas.
Según informan fuentes internas, la jueza mercantil ha manifestado que intentará que se puedan subrogar algunos servicios a otras compañías de seguridad para de esta forma salvaguardar el empleo. Sin embargo, es harto difícil que esto tenga éxito, por los mismos motivos por los que ningún inversor ha querido quedarse con Ombuds: al adquirir la empresa con su constitución actual, se adquieren también las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, algo que no interesa. Por tanto, las compañías del sector que quieran ganar el espacio que Ombuds va a perder tienen más fácil esperar hasta que la empresa sea liquidada y luego acceder a sus servicios mediante un nuevo concurso.
Según ha indicado Alberto García, portavoz del sindicato Alternativa Sindical, «era evidente que la venta de las Unidades Productivas quedaría desierta, sobre todo después de observar que Ombuds declaró de forma voluntaria su quiebra con un pasivo de 230,73 millones de euros».
El sindicalista asegura que «la empresa se ha quedado con tan sólo una cuarta parte de los trabajadores con los que contaba hace cinco meses. Ante la eminente liquidación y cierre de la compañía ahora queda saber cuantos puestos de trabajo, entre personal de estructura (oficinas y mandos intermedios) pasarán al desempleo, dado que es un personal no sujeto por convenio a la subrogación tal y como si lo es el personal operativo de seguridad privada».
Compra de Casesa
Los motivos para la situación de Ombuds que la han llevado a la liquidación hay que buscarlos en la compra de la marca Castellana de Seguridad, S.A. (Casesa), que adquirió en octubre de 2015 con el objetivo de crear uno de los principales grupos de seguridad de España por detrás de Prosegur. Esta compra creaba una gran estructura de 260 millones de facturación. Pero la realidad es que la integración de ambos grupos fue muy dificultosa, y la escasa rentabilidad de muchos de los servicios que tenía Casesa lastró al conjunto.
Ya durante los meses anteriores al verano, Ombuds se vio dañado por la negativa del pool bancario con el que trabajaba (Banco Santander y Bankia principalmente) a renovarles el contrato de ‘factoring’ mediante el cual se hacía cargo de sus deudas a cambio de un interés. Esta negativa de los bancos, que fue afeada por la justicia con posterioridad, empujó a la empresa a la situación concursal y ha sido la responsable de su caída, en opinión de su equipo gestor.
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