El juez ratifica el archivo de la causa contra el segundo directivo de Acciona imputado en Acuamed

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 11/03/2021 04:50
  • Actualizado: 11/03/2021 11:38

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se ha ratificado en su decisión de archivar la causa contra el segundo directivo de Acciona investigado en el llamado ‘caso Acuamed’, que juzga un supuesto acuerdo entre constructoras y la firma pública para inflar el precio de las obras a cambio de regalos. En un auto fechado el 3 de marzo, García Castellón rechaza el recurso presentado por la Fiscalía y se ratifica en el sobreseimiento de la imputación de Justo Vicente, director general de construcción de Acciona Infraestructuras, decretada en primera instancia el 17 de diciembre pasado. Ahora, si la fiscal vuelve a recurrir, tendrá que decidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuyo auto será ya definitivo.

El recorrido judicial de Justo Vicente está siendo similar al de su jefe en la constructora, Luis Castilla, cuya imputación en este caso archivó definitivamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en febrero.

Ese es precisamente uno de los argumentos utilizados por el juez, puestos en duda por la fiscal en su recurso, y ratificados de nuevo ahora en este nuevo auto. García Castellón asegura que no existen indicios de que Justo Vicente conociera ni haya participado en el supuesto apaño entre los ingenieros de la constructora y de Acuamed para que la empresa pública pagara un sobre precio en la construcción de la desalinizadora de Torrevieja, por lo que mantener la imputación cinco años después no es de recibo desde el punto de vista penal.

Argumentos

«No se ha podido inferir de lo actuado que entre las funciones del Sr. Vicente Pelegrini, Director General del área de construcción de Acciona Infraestructuras para todo el territorio de España, Portugal, resto de Europa y África, estuviese la supervisión técnica de las múltiples obras que se encontraban bajo su área de actuación ni de analizar personalmente lo que se ejecutaba en ellas y en concreto de la obra de la desaladora de Torrevieja, que ya había sido construida cuando aquel asumió el cargo», señala el auto.

El juez utiliza el auto de la Sala de lo Penal por el que archiva definitivamente la causa contra Luis Castilla para ratificarse en sobreseer la causa contra Justo Vicente

García Castellón utiliza además el auto de la Sala de lo Penal por el que archiva definitivamente la causa contra Luis Castilla para justificar su decisión de sobreseer la causa contra Vicente. «Así se explica en ese auto: (…) si llegado a un punto de la investigación se constata que no hay diligencias que impliquen a ese directivo, necesariamente, por ley, la investigación penal tiene que cesar (…) ante la ausencia de un mínimo dato que permita atribuir al presidente de (…) o cualquier otra persona en semejantes circunstancias el conocimiento de una actuación ilícita, no es posible continuar una investigación judicial penal, o dicho de otra forma, entiende el tribunal que no es dable en derecho atribuir una presunta actividad penal por el simple hecho de ostentar la representación de un organismo o entidad, sin examinar antes si hay datos de su concreta participación y de la existencia de culpabilidad derivada de un incumplimiento de la falta de adopción de unas medidas obligatorias que traten de paliar el riesgo», dice el juez.

El auto del magistrado deja prácticamente libre a Vicente -a la espera de si la Fiscalía recurre y decide la Sala de lo Penal- y añade más incertidumbre sobre las acusaciones vertidas por tres directivos de Acuamed, origen del caso en 2015, y que fue utilizado por el PSOE, entonces en la oposición, para desgastar políticamente al ex presidente Mariano Rajoy.

Dos de esos tres directivos -Azahara Peralta y Gracia Ballesteros- están ahora imputados por supuestamente hacer lo que denunciaron de sus superiores. Mientras, cinco años después, sigue estancado el peritaje de las obras para conocer exactamente el precio de las obras bajo sospecha, dato imprescindible para acusar a alguien de inflar el coste de una desalinizadora.