El juez del ‘caso Villarejo’ amplía seis meses más la investigación sobre los encargos de BBVA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado ampliar seis meses más la investigación sobre los supuestos encargos que el BBVA hizo al comisario jubilado José Manuel Villarejo al considerar que aún quedan pendientes de practicar una batería de diligencias para esclarecer los hechos.

En un auto de este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha estimado oportuno prorrogar el plazo de las pesquisas, que vencía este sábado. Está previsto que en febrero declaren 13 personas, entre testigos e investigados.

El magistrado ha explicado que «no se puede inferir, con la seriedad que el derecho penal reclama, que se haya alcanzado la convicción que la fase preparatoria ha llegado a su fin». Pero ha precisado que aún «existe margen para agotar la instrucción en términos que satisfagan el derecho de defensa y el de acusación», por lo que ha firmado una prórroga de seis meses.

En este sentido, el instructor ha recordado que aún quedan pendientes de practicar una serie de diligencias que, pese a que ya acordó realizarlas, «no se han podido materializar». Así las cosas ha explicado que, «atendiendo a su volumen y trascendencia» y teniendo en cuenta de que de dichas diligencias pudiera derivarse la realización de nuevas prácticas, «resulta oportuno acordar la prórroga».

Interrogantes pendientes

En la pieza número 9 del ‘caso Tándem’, donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -buque insignia del grupo empresarial de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

En el marco de las pesquisas está previsto que se celebren una batería de interrogatorios el próximo febrero. En concreto, se espera que el lunes 14, a las 09.30 horas, declare el exjefe de control interno de la entidad Eduardo Arbizu, investigado por un presunto delito de cohecho. Ese mismo día el magistrado escuchará como testigos a los empleados del BBVA Juan José Lucena Herrera y Francisco Javier Sala Domínguez.

Un día más tarde, el 15 de febrero, el juez tomará declaración como testigo a la exdirectora de BBVA España Cristina de Parias a partir de las 10.30 horas. Quince minutos más tarde, a partir de las 10.45, el magistrado escuchará al exdirectivo de la entidad Fernando Fernández-Bermejo Núñez de Arenas, también como testigo.

Ya el día 16, a partir de las 09.30 horas, será el turno del que fuera jefe de riesgos del banco Manuel Castro, investigado por delitos de cohecho y revelación de secretos. Castro, que se acogió a su derecho no declarar el pasado 19 de noviembre de 2019 porque las actuaciones se encontraban secretas en ese momento, solicitó recientemente declarar de forma voluntaria.

Para ese mismo día el magistrado tomará testifical a la directora de la sucursal 7384 en el año 2.007, Marta Hazen, y a Leticia Sánchez. Un día más tarde, el 17, el juez ha citado a partir de las 09.30 horas como testigos a David Macías y, a las 09.45 horas, a Esther Sevilla.

El viernes 18 abrirá el turno de testificales a partir de las 10.00 horas el que fuera el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo, al que seguirá a partir de las 10.15 horas el director del servicio jurídico de BBVA España Adolfo Fraguas. Esta ronda de declaraciones la cerrara, ese mismo día, la testifical de Alejandra Fernández-Chico.

A estas diligencias se suman otras solicitadas por las defensas que aún están pendientes de resolver, así como recursos que han sido elevados a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Peticiones de las defensas

Según consta en el escrito, las defensas del expresidente de la entidad Francisco González y la del exCEO Ángel Cano interesaron la prórroga de la instrucción. La Fiscalía solicitó que se ampliara el plazo otros seis meses. La representación legal de BBVA, por su parte, se opuso.

En concreto, González pidió que se acordara la prórroga para «el total esclarecimiento» de los hechos. El que fuera máximo responsable de la entidad alegó que, «por una cuestión de prudencia y efectividad», el plazo de instrucción debería ampliarse seis meses, «sin perjuicio de ulterior prórroga», dado que todavía hay diligencias pendientes que estima «necesarias para el total esclarecimiento de los hechos».

BBVA, en cambio, abogó por dejar expirar las pesquisas al considerar que están «agotadas» después de más de tres años de «profusa investigación». A su juicio, «no hay nada más por investigar» y prueba de ello es que las diligencias efectuadas desde la prórroga acordada el pasado 29 de julio han sido «inútiles» porque «no han aportado ningún dato nuevo».