El juez del caso Banco Popular no quiere aceptar al magnate mexicano Del Valle como perjudicado

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 03/10/2024 06:45
  • Actualizado: 17/10/2024 11:35

El juez instructor del caso Banco Popular, José Luis Calama, no quiere aceptar la personación en la causa del magnate mexicano Antonio del Valle -accionista y consejero de la entidad cuando fue resuelta-, que reclama una indemnización de 23,3 millones. No obstante, está a la espera de la opinión de la Fiscalía para tomar una decisión, según fuentes judiciales.

Estas fuentes explican que el principal argumento detrás de la postura del magistrado es que Del Valle estuvo imputado en la causa y, de hecho, en julio de 2023 (cuando aún estaba imputado), Del Valle pidió a Calama el archivo de la causa tras llegar a la conclusión de que las cuentas de la ampliación de capital de 2016 eran correctas.

Por ello, Calama entiende que alguien que ha estado imputado y que pidió el archivo de las actuaciones al entender que no había ningún delito no puede presentarse posteriormente como perjudicado por esos mismos delitos, según las citadas fuentes. Por ello, no va a admitir su personación, salvo que la Fiscalía presente unos argumentos muy sólidos en sentido contrario.

No obstante, Calama acordó en marzo el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Del Valle, al igual que respecto a otros ex consejeros y al ex presidente del Popular, Emilio Saracho.

Dicho sobreseimiento se justifica porque Del Valle fue uno de los dos miembros del consejo del Popular (el otro fue el fallecido José María Arias) que manifestó «claras dudas sobre la ampliación de capital» de 2016 que se enjuicia en esta causa. Asimismo, el mexicano presentó su dimisión como consejero ese mismo año.

Con la resolución del Banco Popular y su venta al Santander en 2017, Del Valle y un grupo de inversores mexicanos que le acompañaban perdieron toda su inversión. A raíz de su imputación en la Audiencia Nacional, el magnate optó por una vía distinta: llevó a España a un arbitraje internacional en el que reclamaba casi 700 millones de euros. por incumplimiento de los convenios entre nuestro país y México en materia de inversiones. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló en su contra en mayo del año pasado, y le condenó a pagar costas por 8 millones.

Tras esta derrota, Del Valle ha decidido sumarse a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional como perjudicado. En el escrito en el que solicita dicha personación, Del Valle asegura que no va a iniciar ninguna acción penal contra los acusados, con el ex presidente del Popular Ángel Ron a la cabeza, sino que simplemente quiere adherirse a las peticiones de carácter civil (es decir, a las indemnizaciones) que apoye el Ministerio Fiscal.

En concreto, dicho escrito (presentado en la Audiencia Nacional a principios de septiembre) asegura que sufrió un perjuicio de 23,3 millones, muy alejado de los citados 700 millones que reclamó en el arbitraje de La Haya.

En marzo de este año, Calama dictó auto de transformación en procedimiento abreviado en el que sienta en el banquillo a Ron y a la auditora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la citada ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.

Los acusados recurrieron pero la Sala de lo Penal de la Audiencia ha rechazado sus apelaciones y ha confirmado las acusaciones. Ahora sólo falta los escritos de calificación (petición de penas) de la Fiscalía y las acusaciones particulares para que pueda fijarse la fecha del juicio oral.

El último episodio fue la posibilidad de un registro de la sede de PwC por no haber presentado correctamente las pólizas de seguros con las que cubrir su responsabilidad civil en caso de ser condenada. Finalmente, la firma presentó la documentación requerida y se libró de la entrada de la Guardia Civil en su edificio del Paseo de la Castellana de Madrid.