Javier Medina tiene 11 pisos a sus 31 años: «Cada vez se ponen más trabas a los empresarios inmobiliarios y al final lo que hacemos nosotros es sacar el dinero de ahí»

Javier Medina, empresario de 32 años y propietario de 11 viviendas, volvió a pronunciarse sobre la situación del mercado inmobiliario en «La Mesa». El inversor explicó que tiene todos sus pisos alquilados, pese a que él también vive de alquiler. Su aparición televisiva se produjo tras las críticas recibidas por su patrimonio, entre ellas las del ministro Óscar Puente, quien compartió la siguiente publicación en X (antes Twitter) refiriéndose a Javier Medina: «Os recomiendo seguir esta cuenta. Es la mejor pedagogía para entender lo que está sucediendo y el perverso marco legal que tenemos en materia de vivienda».

Durante la entrevista, Medina defendió que los propietarios no deberían cargar con la consecuencias económicas derivadas de los impagos: «la responsabilidad económica no la puedo asumir yo, tiene que hacerlo el Estado». Asimismo, relató que comenzó a trabajar por cuenta propia a los 18 años y que destinó los beneficios de su negocio a invertir en el sector inmobiliario; compró viviendas por unos 45.000 euros, mientras que la más cara le costó alrededor de 80.000 euros, y algunos de estos inmuebles generan unos 900 euros mensuales en concepto de alquiler.

El testimonio de Javier Medina, un joven con 11 pisos en propiedad

El empresario explica que su método de inversión se basó en encontrar viviendas a precios atractivos, recurrir a la financiación y reinvertir los beneficios. Así consiguió transformar una inversión inicial relativamente modesta en un patrimonio inmobiliario formado por 11 propiedades.

Sin embargo, el contexto actual le ha obligado a cambiar su estrategia. «Estoy vendiendo alguna por la inseguridad, estoy empezando a diversificar, hay más riesgo de impago, más dificultad. Cada vez se ponen más trabas a los empresarios inmobiliarios y al final lo que hacemos nosotros es sacar el dinero de ahí y colocarlo en un sitio donde sea más seguro».

Entre las medidas que critica figura la prórroga de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, en vigor desde febrero. «El Gobierno viene y me dice que pueden modificar no solo las condiciones de subida de precios de alquiler que había pactado ya con el inquilino, sino la propia duración del contrato», aseguró durante su intervención. Bajo su punto de vista, las consecuencias de estas políticas podrían acabar repercutiendo en la disponibilidad de viviendas en el mercado.

Lo que más sorprende a Medina no son las críticas que recibe, sino de dónde proceden. Según sostiene, muchos políticos tienen intereses inmobiliarios similares a los suyos. «Pedro Sánchez cobra más de 12.000 euros en rentas. La mujer del presidente del Gobierno tiene en propiedad viviendas. El 42% de los diputados tiene, al menos, dos viviendas o más. En el Senado, el grupo socialista tiene más del 50% viviendas en propiedad. ¿Cómo puede esta gente echarnos la culpa a nosotros? Dejan la responsabilidad que tendrían que asumir ellos».

Asimismo, se defendió públicamente en «La Mesa» sobre la publicación de Óscar Puente: «una persona con tanta responsabilidad en el Gobierno atacando públicamente, con nombres y apellidos, a un ciudadano cualquiera que no tiene ninguna responsabilidad… No sabe las consecuencias que puede llegar a provocar. Sólo hay que ver los comentarios que se han publicado tras ese tuit de verdadero odio».

 

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Incertidumbre ante los últimos decretos de vivienda

En España, las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentran los fondos de inversión y las sociedades patrimoniales, tienen 223.552 viviendas destinadas al alquiler. A esta cifra se suman otras 300.000 que integran el parque de vivienda pública y social. En conjunto, ambas categorías podrían representar el 17% del mercado, según el informe ‘Un mercado dominado por multiarrendadores’, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 junto con el CSIC. Por otro lado, los propietarios particulares concentran más de dos millones y medio de viviendas en alquiler, lo que pone de manifiesto el peso que tienen las personas físicas en el mercado arrendatario español.

La preocupación por los últimos decretos de vivienda del Gobierno amenaza con impulsar la venta de pisos entre los pequeños propietarios. La inseguridad jurídica y las dudas sobre las futuras condiciones del alquiler ha llegado a tal punto que el 30% de los asociados de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ha manifestado su intención de retirar sus inmuebles del mercado para estudiar otras opciones, entre ellas la venta.

Ricardo Sousa, consejero delegado de Century 21 España confirma que esta preocupación ya está llegando a las agencias inmobiliarias. «Todo este debate y esta incertidumbre que se está generando está afectando. Si hablamos de pequeños propietarios con una o dos casas en alquiler, estamos hablando de su patrimonio y de los ahorros de toda una vida. Muchos de nuestros clientes son así. Esta incertidumbre legislativa hace que la gente se eche atrás. Algunos deciden retirar la vivienda y esperar hasta tener claras las reglas, pero otros optan por retirarla y venderla. Prefieren tener su patrimonio parado o vender antes que asumir esa incertidumbre», según recoge El Economista.