Isabel Rodríguez pontifica sobre «vivienda pública» cuando no ha entregado el 94,5% de lo prometido en 2023

 Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha asegurado que son necesarios nuevos Presupuestos para más vivienda «pública» y «asequible». Sin embargo, resulta contradictoria su petición, teniendo en cuenta que en 2023 hizo la promesa de construir 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible, de las cuales, a día de hoy, sólo se han entregado un 5,5%.

Hace dos años, la ministra Isabel Rodríguez prometió 184.000 casas y sólo se han entregado 10.206, cifra aún muy lejana del objetivo establecido. Además, la mayor parte de las viviendas construidas proceden del sector privado. Por otro lado, en 2023, los ayuntamientos y autonomías compraron unas 350 viviendas sociales de las 21.000 ofertadas y en un año (2024) gestionaron el alquiler de unas 9.700 viviendas para personas en situación vulnerable.

Sin embargo, la ministra de Vivienda no ha dudado en afirmar que «necesitamos más presupuesto para más vivienda pública, para más vivienda asequible, para fortalecer la empresa pública, para acompañar a los ayuntamientos. En definitiva, para atender el principal problema que tienen los españoles», durante su visita a unos terrenos urbanizables en la zona de Alcorcón (Madrid) destinados al alojamiento de universitarios.

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha afirmado que «no hay otro Gobierno que pueda hacerlo mejor» que el Ejecutivo actual, que está «comprometido» con políticas públicas y que ha demostrado que «ante la adversidad está siempre del lado de la gente». «Hoy con los incendios, ayer con los ERTE cuando tuvimos una pandemia que paralizó este país», ha expuesto.

No obstante, las cifras oficiales contradicen estas afirmaciones, pues muestran un ritmo de ejecución de la vivienda pública muy por debajo de los compromisos adquiridos. El objetivo de 184.000 viviendas públicas y asequibles, anunciado como un «plan histórico», apenas se ha materializado en un 5,5%. Un porcentaje que evidencia una profunda brecha entre las promesas del Gobierno español y la realidad del mercado inmobiliario.

Comunidades autónomas y ayuntamientos han tenido que recurrir a la compra directa y a la gestión de alquileres sociales como vías rápidas para dar respuesta a la creciente demanda.

La presión sobre el mercado inmobiliario es creciente. El alquiler ha alcanzado máximos históricos en varias capitales, con subidas interanuales superiores al 10% en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, según Idealista. El encarecimiento se extiende también a ciudades medianas y zonas turísticas, donde la competencia entre la vivienda residencial y la vacacional disminuye aún más la disponibilidad de casas para residentes.

Pese al escenario actual, el Gobierno insiste en que la solución pasa por la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, expertos del sector inmobiliario y economistas apuntan a que el verdadero problema radica en la escasa ejecución de los planes anunciados y en la falta de coordinación entre las administraciones.

En los últimos años, distintos proyectos estratégicos han sido presentados a los ciudadanos como «planes de choque» o «iniciativas históricas», pero el resultado no ha sido distinto: plazos que no se cumplen y entregas muy por debajo de lo prometido.

Mientras tanto, la demanda de vivienda sigue creciendo, y en consecuencia, los precios también. Por ello, el acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas sociales, especialmente entre los jóvenes. El último barómetro del CIS confirma que más del 80% de los menores de 35 años consideran «muy difícil» independizarse por la falta de alquileres asequibles.

De esta forma, la petición de nuevos presupuestos por parte del Ministerio de Vivienda choca con la falta de resultados de los fondos ya comprometidos. A día de hoy, el grueso de la promesa de 184.000 viviendas continúa pendiente y sin plazos concretos para su entrega.

La distancia entre los anuncios oficiales y la realidad genera un clima de creciente desconfianza. Mientras las estadísticas reflejan un mercado tensionado y unos precios inasumibles para gran parte de la población, el Gobierno centra su discurso en promesas a futuro que, hasta el momento, no se han traducido en hechos tangibles.