Economía
Aream tiene derecho a 51 millones de indemnización

Un inversor en renovables al que Ribera no paga el arbitraje: «Creíamos que España era un país serio»

Thomas Hopp, del grupo alemán Aream: "Hacer negocios en Europa se ha vuelto cada vez más complicado"

Thomas Hopp, consejero delegado del Grupo Aream, a quien Teresa Ribera se niega a pagarle 51 millones de euros tras ganar el arbitraje por el impago de las primas a las renovables, y David Gómez, de la española Ibereólica, 31 millones de euros de deuda, han cargado duramente contra España y contra Teresa Ribera, nueva comisaria de Competencia y Transición Verde, por su política de no pagar los arbitrajes perdidos en el Ciadi con las empresas que decidieron invertir en energías renovables y se les redujo las primas por ley. «Fuimos ingenuos en pensar que había seguridad jurídica en España», ha asegurado Gómez en unas jornadas para eurodiputados y abogados en Bruselas.

El empresario alemán Hopp, que ganó un arbitraje contra España en 2019 por 41 millones -calcula 51 millones con intereses-, ha destacado en su intervención que los afectados incluían a muchos co-inversores de clase media: «Conozco a jubilados, profesores o incluso barrenderos que formaron parte del proyecto de Aream en España. Todos ellos, como nosotros, creían que España era un país serio».

Al intentar cobrar la reclamación, Hopp recibió la callada por respuesta de Ribera. «Preguntamos y no nos respondieron. Volvimos a preguntar y, de nuevo, dieron la callada por respuesta. Nuestros abogados lo intentaron de nuevo y, otra vez, nada», ha explicado. «Han pasado muchos años y sigo sin
entender cómo se nos ha podido tratar de esta forma», ha asegurado.

Para solucionarlo, «lo primero sería que al menos hablen con nosotros, que se dignen a coger el teléfono o a reunirse con nosotros para que podamos desbloquear esta cuestión», señaló Hopp. Los afectados «están preparados para resolver lo sucedido de forma razonable. El laudo a nuestro favor puede servir como guía, puesto que tasa claramente el prejuicio económico que se nos generó pero, francamente, lo verdaderamente importante ahora mismo es que no nos ignoren y nos saboteen más. No podemos seguir así», advirtió.

Thomas Hopp, consejero delegado del grupo alemán Aream.

Las quejas de Hopp fueron escuchadas por eurodiputados y abogados de Bruselas, donde existe preocupación por el impacto que pueda tener la estrategia de Ribera en la llegada de inversiones a Europa. Más ahora que Ribera será vicepresidenta y comisaria de Competencia y Transición Verde.

Precisamente, sobre el Green New Deal de la UE para descarbonizar la economía, Hopp señaló que «llega en un momento en que los desarrollos tecnológicos son más avanzados que antaño, pero el desarrollo de estas nuevas energías requiere capital. Y ese capital no va a llegar si no se resuelven primero los problemas de confianza que se han generado
con estas decisiones tan lamentables que han tomado las autoridades en España y que Europa debe ayudar a revertir».

«Los datos muestran que cada vez hay menos inversión a este lado del mundo… Hacer negocios en Europa se ha vuelto cada vez más complicado, porque se interfiere en las decisiones de mercado de arriba abajo, de una
manera que a veces me recuerda a lo que pasaba hace décadas en los países del Este», advirtió.

El tema de los impagos a las renovables y la capacidad de Ribera para atraer inversiones verdes a Europa fue el primer tema por el que preguntaron los eurodiputados a Ribera en su examen previo a comisaria, como publicó este diario.

Sobre este asunto incidió David Gómez, consejero delegado de Ibereólica, a quien Ribera se niega a pagar los 31 millones de indemnización sentenciados por un arbitraje. «Me siento directamente aludido y tengo claro que no se dan las condiciones para que se materialicen esas inyecciones de capital. Si creen que los operadores del mercado van a confiar sin más y no van a tomar en cuenta el riesgo jurídico que se ha generado en el pasado y se sigue generando en el presente, se equivocan», señaló en las jornadas. «Hay que estar mal de la cabeza para invertir tu dinero en un país que, por mucho que te prometa este tipo de escenarios, ha incurrido en el tipo de incumplimientos que ha cometido España», insistió.

Gómez explicó que dio por buenos los incentivos que ofreció el Gobierno español en 2007 y «asumimos un riesgo tecnológico que entonces era notable y dimos por buena la promesa de seguridad jurídica que nos hacían las autoridades». Lamentablemente, «los cambios regulatorios que se fueron introduciendo destrozaron la rentabilidad de nuestros proyectos, hasta llevarla casi a cero». La compañía tuvo que refinanciar todas sus inversiones y apenas ha podido repartir dividendos, lo que ha llevado
«prácticamente a cero» todo el margen de negocio de una inversión que cifró en el entorno de los 100 millones de euros.

Aream e Ibereólica son sólo dos ejemplos. España ha perdido decenas de arbitrajes en el Ciadi y los inversores calculan que la deuda es ya de casi 1.900 millones. Además, ante los impagos de Ribera, han acudido a tribunales ordinarios, que les han dado la razón y les han permitido embargar bienes de España en países como Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Bélgica.

El origen de este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó dar primas del 25% a las inversiones en renovables. Cuando Mariano Rajoy accedió al poder en 2012, y ante la grave crisis económica que heredó, rebajó unilateralmente las primas hasta el 7%. Los inversores iniciaron los arbitrajes, que han ido ganando, y Ribera decidió no pagar esos arbitrajes.