La imposibilidad de un pacto PSOE-Podemos lleva al interés de la deuda española a su mínimo histórico

La salida de Pedro Sánchez, al menos momentánea, de la secretaria general del PSOE, aleja la posibilidad de un posible pacto entre PSOE, Podemos y los partidos independentistas, lo cual ha sido bien recibido por los inversores. La rentabilidad del bono español a diez años ha registrado la menor cifra de su historia en el mercado secundario (que es donde se intercambian los títulos de deuda entre los inversores), situándose por debajo del 0,9% y estableciendo la prima de riesgo en un rango inferior a los 100 puntos básicos.

En lo que va de año, la rentabilidad que ofrecen los inversores que quieren vender bonos del Tesoro español con un vencimiento de diez años se ha reducido más de la mitad, ya que al cierre de 2015 el interés en el mercado secundario de este tipo de activo de renta fija era del 1,8%. En la apertura del mercado de hoy se ha situado en el 0,86% y posteriormente ha escalado al 0,89%.

Los mercados aplauden, por lo tanto, que se aleje la posibilidad de un pacto por el cual Podemos y el PSOE marcaran el rumbo de la política económica española, lo que hubiera supuesto una seria amenaza para la recuperación. Un Gobierno de izquierdas habría revertido las reformas puestas en marcha por el PP y pondría fin a los ajustes, sentando las bases para una nueva crisis financiera.

Los programas económicos del PSOE, y especialmente el de Podemos, basan toda su estrategia en el aumento del gasto público y en la subida del esfuerzo fiscal de las familias y las empresas, lo que estrangularía la actividad, frenaría la creación de empleo y pondría en riesgo la maltrecha salud de la caja pública, que está en déficit crónico desde 2007.

Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos gastan más de lo que ingresan y ese dinero hay que obtenerlo: ¿Cómo? En el mercado de deuda pública: por eso la rebaja del interés que hay que pagar por los bonos del Tesoro español a largo plazo sirve para calibrar hasta qué punto existe confianza en el futuro de la salud financiera española.

El otro factor que está siendo clave para rebajar la rentabilidad de la deuda pública español (y que algunos analistas consideran incluso más importante que el componente político) es la asistencia financiera que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo (BCE) en los últimos tiempos. El programa de compra de activos (deuda pública y privada) sirve para mantener a raya los intereses de los bonos y supone un rescate en toda regla que permite a los países que tienen déficits públicos crónicos  (como España) financiar su brecha fiscal emitiendo deuda.

La necesidad de cubrir la brecha entre los ingresos y los gastos públicos (el denominado déficit) ha provocado un aumento de la deuda pública en los últimos años que, al cierre del primer semestre de 2016, se sitúa en los 1,1 billones de euros, lo que representa el 100,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Esto implica que el sector público español debe cada año el equivalente a la totalidad de los bienes y servicios producidos en la economía nacional.

Los 1,1 billones de euros de pasivo arrojan una cifra escalofriante: cada español debe 23.000 euros como consecuencia de los compromisos de pago del sector público que, más tarde o más temprano, acabará abonando mediante subidas de impuestos o recortes de servicios.

En cuanto a la estructura de la deuda, la Administración Central es responsable del 87,1% del pasivo, con 964.732 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas tienen el 24,6% (273.199 millones) y los ayuntamientos el 3,1% (35.107 millones).

A todo ello hay que sumar la deuda de la Seguridad Social, que se sitúa en los 17.174 millones de euros (el 1,5% del pasivo total del sector público), porque el crecimiento del empleo no está logrando cerrar la brecha entre gastos e ingresos del sistema de protección social.