Iberdrola recurre el veto del regulador de Nuevo México y se da de plazo hasta 2023 para comprar PNM

Iberdrola continúa con su intención de hacerse con PNM Resources, a través de su filial Avangrid, para acelerar su crecimiento en EEUU. Ambas compañías han preparado un recurso ante la resolución del regulador de Nuevo México, que tumbó la compra aludiendo a los problemas de reputación que la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán tiene en España como consecuencia del caso Villarejo. 

En concreto,  las partes han preparado ante el Tribunal Supremo de Nuevo México el recurso de apelación frente a la resolución del regulador del Estado por la que rechaza el acuerdo de voluntades firmado entre Avangrid, PNM, algunas de sus filiales y ciertas terceras partes presentado en el marco del procedimiento autorizatorio de la operación de fusión entre PNM y Avangrid, según ha informado la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Iberdrola y PNM han alcanzo un acuerdo para extender el vencimiento del contrato de fusión suscrito por ambas compañías hasta el 20 de abril de 2023, prorrogable por acuerdo de ambas partes bajo ciertas circunstancias por un período adicional de tres meses. De esta forma, la eléctrica sigue con su objetivo de materializar esta compra que supondría la gran operación de la energética española para acelerar su crecimiento en el mercado estadounidense.

Una de las mayores compañías del sector en EEUU

El no a la operación fue unánime por parte de los cinco miembros de la comisión, que consideraron que los riesgos del acuerdo superan los beneficios prometidos a los contribuyentes estatales. Entre los motivos que alegó el regulador de Nuevo México para oponerse a esa compra, la autoridad estadounidense citó, según apuntó el director general adjunto de Avangrid, Bob Kump- la cuestión reputacional de la compañía en España.

De esta manera, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán sufrió un revés en su gran operación en un mercado como el de Estados Unidos, que suponía un valor de empresa implícito de aproximadamente 8.300 millones de dólares.

La adquisición supone la creación de una de las mayores compañías del sector norteamericano, con diez eléctricas reguladas en seis Estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y el tercer operador de renovables del país, con una presencia total en 24 estados.