Hacienda paga a sus proveedores con un retraso de 66 días incumpliendo la Ley de Morosidad

El ministerio de Hacienda, cartera de la socialista María Jesús Montero, acumula un un retraso en el pago a proveedores de 66 días según los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que otorga a las administraciones públicas 30 días hábiles como límite para pagar sus facturas una vez aprobadas por cada organismo.

El periodo medio de pago (PMP) se define básicamente como los días que de media tarda una empresa o administración en pagar a proveedores. Cuanto más elevado sea el valor de este ratio, más se demora el pago a los proveedores, lo que revela que el deudor se está financiando gracias a éstos. De esta forma, el periodo medio de las operaciones que a 30 de septiembre estaban pendientes de pago por parte de Hacienda asciende 66 días.

Sin duda, desde que gobierna Pedro Sánchez ha empeorado este ratio en la Agencia Tributaria, ya que en marzo de 2018, por utilizar un mes comparable previo que se produjera la moción de censura de Mariano Rajoy, el periodo medio de pago mensual era de 16,59 días, dentro de los límites establecidos por la Ley. Sin embargo, desde que entró el Gobierno socialista en junio de 2018 estos plazos se han dilatado, incumpliendo en la mayoría de los casos la Ley de Morosidad.

En el último trimestre de 2018, cuando Sánchez llevaba ya seis meses en la Moncloa, el periodo medio de pago de las operaciones pendientes se disparó hasta los 64,52 días. En diciembre de 2019, Hacienda continuaba fuera de los límites de esta ley, con un periodo medio de pago de 50 días. El año de la pandemia, fue el único en el que el ministerio dependiente de Montero no traspasó el límite de los 30 días, manteniendo un periodo medio de pago de operaciones pendientes de tan sólo 20 días.

Durante este año, Hacienda ha incumplido los 30 días para el pago a proveedores contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 durante el primer y el segundo trimestre -con 36,42 y 51,89 días respectivamente- por lo que, junto con los últimos datos, se confirma como estos periodos se dilatan cada vez más.

La morosidad y la deuda de la Inspección de Trabajo se suman a la del resto de organismos de la Administración central. Según la IGAE, las facturas pendientes de pagar por parte del Estado suman 846 millones de euros. Generalmente, esta deuda afecta sobre todo a pequeñas y medianas empresas y a autónomos, pequeños proveedores de servicios que dependen de estos pagos y que ya han sufrido durante meses dificultades económicas por la pandemia.