La Inspección de Trabajo de Yolanda Díaz incumple la ley: paga a sus proveedores con 40 días de retraso

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo dependiente del Ministerio que dirige Yolanda Díaz y que se encarga de detectar fraudes de ley en el mercado laboral, acumula un retraso en el pago a sus proveedores de 40 días, según los datos publicados este viernes por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), lo que significa que estaría incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

Esta ley otorga a las administraciones públicas 30 días hábiles como límite para pagar sus facturas una vez aprobadas las mismas por el organismo en cuestión -para lo que tienen otros 30 días-. Sin embargo, según la IGAE la Inspección de Trabajo acumula un retraso a cierre de agosto de casi 40 días.

Además, no es el primer mes que se encuentra en esta situación puesto que en julio ya registró un periodo medio de pago a los proveedores de 46 días y en junio, de 48 días. A principios de año, a cierre de enero, el organismo encargado de detectar fraudes en las empresas en la contratación de trabajadores sí cumplía la norma al acumular un retraso de 22 días.

De acuerdo con la norma, el retraso superior a 30 días en el pago de una factura devenga inmediatamente el pago de intereses. Según los datos de la IGAE, este organismo tiene recibos pendientes de pagar por valor de sólo 1,6 millones de euros.

Sánchez debe 846 millones

La morosidad y la deuda de la Inspección de Trabajo se suman a la del resto de organismos de la Administración central. Según la IGAE, las facturas pendientes de pagar por parte del Estado suman 846 millones de euros. Generalmente, esta deuda afecta sobre todo a pequeñas y medianas empresas y a autónomos, pequeños proveedores de servicios que dependen de estos pagos y que ya han sufrido durante meses dificultades económicas por la pandemia.

La cifra de los fondos que no han llegado a los proveedores es superior a la de julio y es la mayor del año tras los 873 millones registrados en abril. En enero la deuda era de 557 millones. La Administración central paga a sus proveedores con un retraso de 36 días.

Además, mientras la deuda crece, las ayudas directas prometidas a los autónomos no llegan. Los 7.000 millones aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez para ayudar a este colectivo no han llegado a su destino, mientras que los rescates de la SEPI a medianas empresas también acumulan un retraso considerable: 69 empresas han pedido la ayuda y sólo siete han visto resuelto su expediente.

Entre los organismos públicos que más dinero deben se encuentran el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria, Adif, con 106 millones de euros, y RTVE, con 37 millones.