Las circulares de la CNMC abocan a la desaparición de distribuidoras de gas en España

La CNMC publicó el pasado 5 de julio unos borradores de circulares que han puesto en peligro a las gasistas y a las distribuidoras, especialmente más pequeñas.

Lo que inicialmente parece algo muy técnico, unos documentos en los que se fijan las metodologías para el cálculo de los cánones y peajes de acceso a las redes y a las retribuciones de las actividades reguladas de los sectores de la electricidad y del gas, ha hecho saltar las alarmas en compañías como Naturgy y Enagás. Pero el problema no se queda en las grandes gasistas del Ibex, sino que va a afectar también a las distribuidoras, especialmente a las más pequeñas.

Según las estimaciones que manejan desde el sector energético, que han elevado la voz de alarma ante la decisión de la CNMC auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, el cambio de retribución supone especialmente un riesgo para las distribuidoras más pequeñas.

Desde el sector advierten de que «en función del tipo de activos de distribución de gas que tenga en cartera cada una de las compañías, algunas pueden verse incluso abocadas a la desaparición, con el perjuicio que eso supone para sus clientes».

Las empresas distribuidoras más expuestas son las de medio tamaño como Nortegas o Madrileña red de gas, empresas con un marcado componente regional.

Aunque el hachazo a la retribución de las gasistas puede parece un asunto farragoso, el asunto tiene más trascendencia cotidiana de lo que se piensa ya que la decisión de la CNMC afecta a la instalación de los tubos que llevan el gas a los hogares para calentarse y cocinar o a la industria que usa gas, una energía que es imprescindible para que las fábricas funcionen.

Impacto en el empleo

La patronal de instaladores de gas (que tiene 19.000 empresas asociadas y que generan un empleo de más de 100.0000 personas en todo el país) ya ha alertado de la pérdida de empleo por el recorte de la CNMC.

Asimismo, el sindicato USO se reunió con José María Marín Quemada, presidente de la institución que ha auspiciado el hachazo a las gasistas, y llegó a advertirles de que podrían poner en riesgo en torno a 25.000 empleos directos e indirectos, un impacto que, a su juicio, «no ha sido objeto de estudio y que no puede permitirse».