“El Gobierno se va a llevar un bofetón con los remanentes de los ayuntamientos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido algo inaudito: poner de acuerdo a alcaldes socialistas, populares, podemitas y nacionalistas. Lo ha hecho gracias al “injusto”, “discriminatorio” e “inadmisible” pacto sobre la cesión de los remanentes de caja municipales al que llego la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) con Hacienda para hacer frente a la crisis del covid-19. La rebelión municipal la abandera Jorge Azcón, portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, que el próximo martes ha convocado virtualmente a 30 alcaldes de diferentes municipios, 23 de ellos capitales de provincia, que pertenecen a siglas políticas tan divergentes como PP, Podemos, ERC o Bcomú. Azcón reitera su rechazo rotundo al decreto ley aprobado por el Gobierno y anticipa que la medida no saldrá adelante en el Congreso.

“El decreto ley de los remanentes va a caer. El martes se va a constatar a través de esos alcaldes que el decreto ley no cuenta con una mayoría para salir adelante en el Congreso de los Diputados. El Gobierno se va a llevar un bofetón”, dice Jorge Azcón en conversación con OKDIARIO. Todavía no hay fecha para que la medida llegue al Congreso, aunque debe votarse en septiembre.

El alcalde de Zaragoza advierte de que ese previsible rechazo en las Cortes se traducirá en problemas jurídicos. «Habrá problemas jurídicos muy serios. ¿Qué pasará con los alcaldes que entreguen su dinero y luego el decreto ley no se convalide? No le deseo esa incertidumbre a ningún alcalde de España», sentencia.

Jorge Azcón también desmiente a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre los hipotéticos intereses que los ayuntamientos se ahorrarían -hasta 70 millones de euros al año- si entregan sus remanentes. “Montero ha hecho mal las cuentas. Para empezar, el tipo de interés que ofrece el Ministerio es negativo. Ella dice que en el banco nos van a cobrar más, pero eso no es verdad. Los ayuntamientos que tienen mucho dinero lo tienen repartido en varios bancos”.

Zaragoza recibirá «cero euros»

El alcalde de de la capital maña denuncia la injusticia que el Gobierno está cometiendo con todos los ayuntamientos y pone como ejemplo a su localidad. Zaragoza es la quinta ciudad de España, pero no recibirá ni un solo euro. «La ciudad cuenta con 700.000 habitantes, pero el Gobierno ha decidido que nos corresponde cero euros de un reparto de un fondo de 5.000 millones de euros. Es inaceptable. Nos van a oír. ¿Acaso los zaragozanos no hemos pagado de nuestros impuestos ese dinero? En Zaragoza no tenemos ahorros por la pésima gestión que han realizado durante quince años los gobiernos de izquierdas”, dice.

A esta «discriminación inadmisible», que en su opinión «vulnera la autonomía financiera de las entidades locales», se suma la negativa del Gobierno a dialogar con las corporaciones locales. “Hemos pedido al Ministerio de Hacienda que se siente a dialogar, pero no han querido hablar con nosotros. Nos dijo que directamente hablaría con los portavoces en el Parlamento”.

El acuerdo

El acuerdo entre Hacienda y la FEMP transformado en decreto ley a principios de mes por el Gobierno permite movilizar hasta 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería y destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural. En concreto, la norma del Ejecutivo «establece que las entidades locales que así lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería».

Así las cosas, el Ejecutivo transferirá a las entidades locales un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. «El dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a los ayuntamientos un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones», explicaban en la referencia del Consejo de Ministros, en la que también señalaban que «el Estado devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar desde 2022 aunque el plazo podría alcanzar los 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofrece condiciones más ventajosas».