El Gobierno prorroga el decreto antidesahucios hasta el próximo 31 de octubre

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la prórroga hasta el próximo 31 de octubre del escudo social, que incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de suministros energéticos: luz, agua y gas.

«Una prórroga a ese escudo social que es la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de protección de la vivienda, para evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia, y en la protección de los servicios esenciales a las víctimas de violencia de género, hasta el 31 de octubre», ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha añadido que «ojalá» el 31 de octubre, cuando acabe esa prórroga, «los indicadores sanitarios permitan decir entonces que España se puede «enfrentar al futuro sin el escudo». De esta forma, el Ejecutivo ha aprobado la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021 que expiraban el 9 de agosto, según informa Europa Press.

Asval critica esta decisión

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha asegurado:  «La aprobación de la prórroga del decreto antidesahucios no soluciona el problema de la vivienda en España, y carga sobre los propietarios la responsabilidad de la Administración de dotar de vivienda pública a los colectivos vulnerables».

En este sentido, la asociación pide al Gobierno que ponga en marcha «medidas valientes y eficaces» que vayan a la raíz del problema: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible; y asimismo a generar la seguridad jurídica necesaria para desarrollar el sector, como han reiterado organizaciones como el FMI o la OCDE.

Desde Asval defienden «la necesidad de crear un fondo de ayudas públicas directas con una dotación de 700 millones de euros para reducir el esfuerzo en el pago del alquiler de estos colectivos».