«Los propietarios necesitamos más seguridad jurídica frente a la okupación»

Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler) nació el pasado mes de marzo con la vocación de promover el mercado del alquiler en España y convertirse en su principal referente. Ya representa a 35.000 viviendas en alquiler propiedad de pequeños inversores y empresas. En menos de cinco meses de vida, la Asociación ha visto cómo la morosidad del alquiler se ha triplicado por la pandemia del coronavirus y cómo los delitos de okupación de viviendas siguen creciendo gracias a la laxitud de la legislación española.

Beatriz Toribio, directora general de Asval, reconoce en conversación con OKDIARIO que los propietarios están inquietos por la lacra de la okupación de viviendas y exige más seguridad jurídica para ellos. «Los propietarios estamos preocupados. Es un fenómeno que en los últimos años ha crecido de forma muy importante y lo que se necesita es reforzar la seguridad jurídica de nuestro marco regulatorio para poner fin a las mafias. Se necesita más seguridad jurídica», dice.

Esa inseguridad jurídica frente a la okupación provoca -en muchas ocasiones- que el propietario retire su inmueble del mercado: o vende la vivienda o deja de alquilarla, desajustando aún más un mercado donde la demanda es muy superior a la oferta. Los últimos datos del Ministerio de Interior confirman que en el primer semestre del año se produjeron 7.450 denuncias por delitos de okupación, lo que supone un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Cerca de la mitad de los procedimientos tuvieron lugar en Cataluña, una comunidad autónoma a la que los propietarios señalan por legislar con normas que les perjudican. En Cataluña se sienten más desprotegidos.

«Hay que proteger el derecho fundamental a la propiedad privada y poner freno a la legislaciones de algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que potencian los delitos de okupación», recalca Toribio. Otra iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno catalán que ha despertado la criticas de Asval y de otros players del mercado inmobiliario es la futura ley que controlará el precio de los alquileres. Un intento de intervencionismo que ya ha demostrado su falta de efectividad en Berlín, y que tanto el Banco de España como Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y organismos internacionales advierten de sus peligros.

«El control de precios no es la solución al problema del alquiler. A corto plazo puede frenar la escalada de precios, pero a medio y largo plazo contrae la oferta, ya que genera mucha inseguridad y además puede traer otros problemas como la economía surgida», explica Toribio a este periódico. Para Asval, la solución pasa por ampliar la oferta y dotar al mercado de una mayor seguridad jurídica. «La seguridad hará más atractivo al mercado, ya que establecerá reglas claras para todos los participantes», concluye.

La morosidad al alza 

La crisis económica generada por la pandemia se ha traducido en un aumento de la morosidad del alquiler. Durante los meses del confinamiento, pasó del 5% al 15%, y las previsiones apuntan a que la morosidad seguirá creciendo si no se toman medidas para ellos. En este contexto, Asval sugiere poner en marcha una batería de medidas para aliviar los problemas de liquidez de los inquilinos, entre las que incluye un fondo de 700 millones para ayudar a 350.000 familias vulnerables . «Si la situación económica se agrava y no se toman medidas para apoyar a aquellas familias en situación de vulnerabilidad, nos encontraremos con un otoño complicado».

Asval calcula que el fondo reducirá la tasa de esfuerzo para el pago de la renta del 48 al 30% de sus ingresos, mediante una ayuda pública de 2.000 euros anuales por unidad familiar.

Créditos ICO fallidos

Desde la asociación sostiene que muchas de las ayudas que las administraciones públicas han puesto en marcha durante la pandemia no han sido efectivas. Especialmente críticos se muestran con los créditos ICO al alquiler activados por el Gobierno, que solamente han despertado el interés del 1,3% de los inquilinos que pertenecen a sus viviendas asociadas. Las ayudas directas son más efectivas.

En el camino para buscar soluciones equilibradas para propietarios e inquilinos, Toribio explica que la asociación mantiene contacto con diversas administraciones públicas.»Estamos teniendo una actividad intensa con diferentes administraciones nacionales regionales y locales para compartir datos y también para explicar, que por ejemplo, los créditos ICO no estaban despertando el interés de los inquilinos, ya que no querían endeudarse. Hay que tomar otras medidas, el peso no puede seguir recayendo sobre los propietarios».