El Gobierno prohíbe despedir en España y amenaza a los empresarios con inspecciones en plena crisis

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la prohibición de los despidos en España durante la crisis del coronavirus y ha amenazado a los empresarios con hacer duras inspecciones a toda la documentación que están presentando sobre los ERTE.

Se criminaliza así, de forma preventiva, al colectivo empresarial, que está afrontando una situación sobrevenida que ha provocado un desplome en la facturación de miles y miles de empresas a lo largo y ancho del territorio nacional.

«En nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, nadie puede utilizar el Covid-19 para despedir», ha afirmado la ministra Díaz, que ha insistido durante su comparecencia en la «imposibilidad para despedir» en varias ocasiones. Habrá que leer la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado para evaluar el impacto real de esta medida, que da la vuelta a la legislación laboral.

«Siempre que existan causas económicas, técnicas, organizativas y causas de fuerza mayor en ese caso no se puede despedir, porque hemos habilitado un mecanismo excepcional para acudir a los ERTE». «A día de hoy, los ERTE están hiper-simplificados», ha afirmado Díaz.

La ministra de Trabajo también ha afirmado que «no hay que extinguir los contratos temporales». «Los contratos temporales se interrumpen pero continuarán una vez que pase la crisis sanitaria», ha afirmado, confirmando otra prohibición más para las empresas españolas en esta crisis del coronavirus.

Además, el Gobierno ha anunciado que se simplifican más los ERTE, estableciendo un formulario que complementarán las empresas con datos como el DNI o el número de cuenta de los empleados para transmitirlo al SEPE. «Inmediatamente vamos a reconocer todas las prestaciones públicas de desempleo», ha remachado Yolanda Díaz, que ha prometido que el paro se cobrará «muy rápidamente».

Por último, Yolanda Díaz ha hecho una amenaza a los empresarios: «Los recursos públicos hay que utilizarlo debidamente», afirmando con tono serio que se van a revisar uno a uno todos los expedientes de regulación de empleo y que las compañías que no cumplimenten correctamente toda la documentación tendrán que «devolver hasta el último céntimo de euro, incluida la prestación del trabajador».