El Gobierno presume de enviar millones a Ceuta mientras casi la mitad de las ayudas sigue sin tramitarse

El Consejo de Ministros ha aprobado una subvención directa de 45,3 millones de euros para Ceuta con el objetivo de compensar los gastos extraordinarios derivados de la crisis migratoria iniciada el pasado 30 de julio. Sin embargo, mientras el Ejecutivo presenta la medida como una garantía de estabilidad financiera, la tramitación de las ayudas directas sigue dejando a numerosos solicitantes pendientes de respuesta.

Lejos de ser un bulo, el dato más revelador lo brinda el ministro de Hacienda, Arcadi España. Hasta la mañana de este martes se habían presentado 1.909 solicitudes de ayudas directas: 1.383 de personas físicas, en su mayoría autónomos, y 526 de empresas. De ellas, 1.020 estaban acordadas y tenían iniciado el proceso de pago, por un importe total de nueve millones de euros.

Esto supone que aproximadamente el 53,4% de las solicitudes había alcanzado esa fase, pero que 889 solicitudes, alrededor del 46,6% del total, todavía no figuraban entre las autorizadas y en proceso de pago, datos del propio Ministerio.

Esto no significa que todas esas solicitudes estén paralizadas ni que ninguna ayuda haya llegado a sus destinatarios, pero sí pone en duda el discurso triunfalista del Gobierno ya que una parte considerable de los expedientes aún no había alcanzado la fase de pago anunciada por Hacienda.

La nueva subvención de 45,32 millones de euros se divide en dos partidas: 40,6 millones para gastos corrientes y 4,6 millones para gastos de capital. Según Hacienda, el dinero permitirá financiar servicios esenciales como los servicios sociales, la sanidad, la educación, la seguridad, la protección civil y el medio ambiente, además de otras competencias municipales.

El Ejecutivo sostiene que los 45,3 millones responden a un acuerdo con el Gobierno de Ceuta y que permitirán afrontar los gastos extraordinarios sin dificultades financieras. Sin embargo, esa garantía política deberá contrastarse con la evolución real del gasto, la llegada efectiva de los fondos y la capacidad de la ciudad para atender una presión extraordinaria sobre sus recursos.

Flexibilidad fiscal para Ceuta

El real decreto ley también establece una contabilidad separada para identificar los gastos extraordinarios derivados de la crisis migratoria y exime a Ceuta de la obligación de elaborar un plan económico-financiero en 2026 o 2027 por posibles incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto relacionados con esos desembolsos.

La medida puede evitar que una situación excepcional termine penalizando financieramente a la ciudad. No obstante, también evidencia la dimensión del problema con unos gastos extraordinarios que han obligado a introducir excepciones en las reglas fiscales ordinarias.

Con todo esto por delante, las ayudas denotan una serie de cosas. Lo primero, que por fin el Ejecutivo es consciente de la problemática vivida en Ceuta. Segundo, que el importe anunciado y las excepciones puedan ayudar a recuperar Ceuta pero no garantizan ni la recuperación absoluta ni su impulso. Si ahora ocurre algún imprevisto estas ayudas podrían no ser suficientes.

Y por ultimo, y una cuestión importante para el tejido empresarial de Ceuta y por ende de España; para autónomos y pequeñas empresas, la diferencia entre una ayuda aprobada y el dinero efectivamente ingresado puede ser decisiva. Los costes de funcionamiento, los salarios y las obligaciones fiscales no esperan a que termine la tramitación administrativa por lo que no recibir la ayuda podría abocarlas al cierre.