El Gobierno pasa de la España rural: sólo destina el 0,36% de los fondos europeos a llevar la banda ancha

Pan para hoy y hambre para mañana. O ni siquiera eso. El Gobierno prevé destinar 250 millones de euros en ayudas para llevar la conectividad de internet rápida a las zonas rurales de la España vaciada dentro del plan de digitalización de los fondos europeos, que comprende 2.275 millones en el primer semestre. Esto es: el 0,36% de los 70.000 millones que recibirá el país.

Según un informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la cobertura de banda ancha a 100 Mbps llegó al 63% en las áreas rurales, lo que implica que sus habitantes no pueden consumir internet al mismo nivel que los que residen en núcleos urbanos más amplios, con lo que el 37% restante se queda colgado. De acuerdo con un estudio realizado por José Antonio López, consejero delegado de la teleco Lyntia, en la actualidad 1.600.000 españoles aún tienen 30 Mbps o menos, lo que califica abiertamente de «discriminación digital» porque no tienen acceso a las mismas oportunidades profesionales, educativas y sociales.

Aunque la segunda edición del programa Único Banda Ancha cuenta con la segunda mayor dotación del plan general, las dudas sobre si esto contribuirá a solucionar el problema de la brecha digital de los pueblos de España son más que pertinentes. En primer lugar, porque la partida es baja en proporción al volumen total dedicado a la digitalización en España y, en segundo, porque aún no se han eliminado las trabas burocráticas, sobre todo a nivel local, que impiden el despliegue de infraestructuras clave para el desarrollo socio-económico de las zonas rurales, pensando sobre todo en pymes que ven lastrada su actividad por esta carencia.

La «última milla» de la brecha digital es la más complicada de resolver, ya que en enterrar cable y poner antenas se tarda necesariamente año y medio o dos años. Los permisos para soterrar estas infraestructuras se prolongan en el tiempo.

Esta licitación aparece contemplada para el segundo trimestre y es parte de una batería mayor de actuaciones relacionadas con la mejora de la conectividad del país. Sin embargo, la desigualdad que viven las zonas rurales de España por la escasez de internet de alta calidad sigue siendo la asignatura pendiente de las Administraciones Públicas, pese al impulso que ha cobrado el teletrabajo en los dos últimos años por la pandemia, y cada vez son más las voces del sector que se alzan para que esta situación de desigualdad acabe.

El mes pasado, el director general de Telefónica en Cataluña, Chema Casas, instó a hacer un «esfuerzo conjunto» público-privado para que la cobertura de banda ancha llegue al 100% de la población residente en España. En su opinión, hay que ir «más rápido» en el despliegue, con el objetivo de que toda la población pueda conectarse a ella ya en 2023.

El plan por el que el Gobierno invertirá 250 millones no establece exactamente a qué tipo de poblaciones va destinado ese dinero, pero las zonas blancas, aquellas que no tienen nada de internet, están fundamentalmente en poblaciones pequeñas, las que se presume que serán las más beneficiadas con estas ayudas.