La España vaciada sigue reclamando más banda ancha para su desarrollo socio-económico

La brecha digital en las zonas rurales de España por la escasez de infraestructuras de telecomunicaciones sigue siendo la asignatura pendiente de las Administraciones Públicas, pese al impulso que ha cobrado el teletrabajo en los dos últimos años por la pandemia, y cada vez son más las voces del sector que se alzan para que esta situación de desigualdad acabe.

Esta semana fue el director general de Telefónica en Cataluña, Chema Casas, quien instó a hacer un «esfuerzo conjunto» público-privado para que la cobertura de banda ancha llegue al 100% de la población residente en España. En su opinión, hay que ir «más rápido» en el despliegue, con el objetivo de que toda la población pueda conectarse a ella ya en 2023.

Según un informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en 2020 la cobertura de banda ancha a 100 Mbps alcanzó al 88% de la población y llegó al 63% en las zonas rurales. Eso significa que los habitantes que viven en pueblos -y no digamos en los de la España vaciada- no pueden consumir internet al mismo nivel que los que residen en núcleos urbanos más amplios.

De acuerdo con un estudio realizado por la empresa de telecomunicaciones Eurona y la consultora Kantar, un 21,7% de la población rural ni siquiera tenía acceso a Internet en 2020. Ese hándicap impide a muchos usuarios del mundo rural aprovecharse de servicios tan básicos y cotidianos en cualquier urbe como una videollamada para hablar con los familiares.

Para solucionar esta falta de conectividad, Eurona ha propuesto la implantación de tecnologías como el satélite que permiten llevar internet de banda ancha de hasta 100 Mbps de manera viable e inmediata para acabar con la desigualdad de oportunidades evidente en las zonas rurales. Pero es que no solo se trata de una cuestión de disfrutar de las series de Netflix, que solo posible si la calidad de la conexión es la adecuada -y, dicho sea de paso, los abonados a esta plataforma de entretenimiento se han disparado en estas áreas en cuanto la tecnología lo ha permitido-, sino que para muchos municipios de España está en juego el desarrollo económico.

Impacto económico de la banda ancha en zonas rurales

Según un estudio realizado por José Antonio López, consejero delegado de la teleco Lyntia, en poblaciones de menos de 2.000 habitantes durante la pandemia, el despliegue de 100 Mbps tiene un impacto socioeconómico relevante en aquellos pueblos, pero no se aprecia lo mismo con 30 Mbps. Este experto destaca que en el primer caso ha constatado que se ha producido un incremento de la renta media disponible del 1,4% en esas zonas, lo que representa una mejora de casi el 40%. Además, disminuye el paro un 0,7% al permitir que se pueda teletrabajar.

Asimismo, la llegada de una conexión de internet de 100 Mbps en las áreas rurales ha propiciado un aumento de la población del 1,9%, cuando lo habitual en los municipios es una caída media del 4%, añade López.

Sin embargo, estima que en la actualidad 1.600.000 españoles aún tienen 30 Mbps o menos, lo que califica abiertamente de «discriminación digital» porque no pueden disfrutar de las mismas oportunidades profesionales, educativas y sociales que el resto precisamente por esa carencia tecnológica. Por ello, opina que con el despliegue de los 100 Mbps «es posible revertir la situación de la España vaciada porque incrementa la renta, la población y disminuye el paro».

En síntesis, López cree que el objetivo marcado por la Agenda Digital para España, garantizar una conexión mínima de 30 Mbps, se queda corto y «no evita que la ‘España vacía’ se quede cada vez más vacía».

Desde la patronal del sector, DigitalES, destacan que España cuenta con una de las mejores redes de telecomunicaciones de nuestro entorno, gracias a un modelo de colaboración público-privada que ha demostrado ser muy eficaz para fomentar las inversiones de las empresas del sector. Con todo, reconocen que es evidente que algunos despliegues de infraestructuras en zonas rurales y aisladas representan un gran desafío para las telecos, que asumen el grueso de la carga inversora en nuevas redes.

No obstante, creen que la «grandísima oportunidad» que presentan los fondos europeos podría contribuir a cerrar la brecha digital, mientras que consideran que la renovación del marco normativo que afecta al sector (ya está en tramitación la nueva Ley General de Telecomunicaciones) supone otro importante acicate para eliminar muchas de las actuales barreras administrativas a los despliegues de las redes de banda ancha ultrarrápida que realizan los operadores de comunicaciones electrónicas.