Economía
nueva Ley de Audiovisual

El Gobierno obligará a Netflix y Telefónica a tener un 6% de su catálogo en catalán y un 9% en castellano

El Gobierno ultima la puesta en marcha de una nueva Ley Audiovisual que obligará a los prestadores de servicios de catálogos, es decir, Netflix, HBO, Disney +, Telefónica y otras plataformas que ofrecen cine y series a la carta, a que el 30% de su oferta sea de obra europea y que, de esa oferta, la mitad sea en lenguas oficiales del Estado. Para evitar que se excluya al catalán, al vasco y al gallego, el Ejecutivo plantea en la norma que al menos el 6% sea originalmente en lenguas distintas al castellano, lo que deja para la lengua común sólo el 9% restante.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Economía este martes, de todo el catálogo de estas plataformas el 30% tendrá que ser obligatoriamente de producción europea y la mitad, podrá ser de fuera de España -francesas, alemanas, italianas…-. Del 15% restante, el 60% podrá ser de lenguas oficiales del país, es decir, castellano, catalán, vasco, gallego y el resto, mientras que el 40% restante tendrá que ser obligatoriamente de lenguas oficiales distintas al castellano.

Eso significa que de todo el catálogo de Netflix y Telefónica, el 9% podrá ser en castellano y el 6% restante tendrá que ser en el resto de lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas.

Esta norma forma parte de las peticiones de los independentistas para apoyar los Presupuestos del Gobierno de 2022. De hecho, estos porcentajes han sido confirmados por el Ministerio de Economía pero han sido adelantados horas antes por el líder de ERC en el Parlamento, Gabriel Rufián.

Según han explicado las fuentes del Ministerio, la norma que está ultimando incluye un régimen de sanciones para las plataformas que no la cumplan. Podrán, en principio, contabilizar como catálogo en lenguas cooficiales las obras en castellano que subtitulen a otras lenguas del país.

Esta norma está ya lista para ser enviada al Consejo de Ministros para su aprobación, y está previsto que entre en vigor en 2022.