El Gobierno enviará a Bruselas antes del 30 de abril el Programa de Estabilidad

En concreto, el Gobierno prevé enviar «en plazo» a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad que cada país debe enviar a la Comisión Europea antes del 30 de abril para que vigilen sus cuentas, a pesar del adelanto electoral al domingo 28 de abril, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda.

De esta forma, el Gobierno dará cumplimiento un año más de la obligación europea que marca que todos los ejercicios, en el mes de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas (PNR) y sus Programas de Estabilidad, con el fin de coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.

Con el programa de estabilidad, la Comisión y los ministros de economía evalúan si los Estados miembros van por buen camino para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo, y para ello se basan en dos elementos: el análisis del saldo estructural y el valor de referencia del gasto.

Tras el rechazo de la mayoría del PP en el Senado a la relajación de la senda de déficit propuesta por el Gobierno, los objetivos de déficit público fijados continúan siendo los del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy: 1,3% del PIB en 2019, tres décimas en 2020 y superávit en 2021.

La senda que planteaba Pedro Sánchez relajaba las metas al 1,8% del PIB este año, al 1,1% en 2020 y al 0,4% en 2021.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avisado de que el rechazo al proyecto presupuestario del Gobierno y la prórroga de los Presupuestos de 2018 abocan a la economía española a un déficit público del 2,3% o del 2,4% del PIB este año, por lo que el Ejecutivo resultante de las urnas tras las elecciones del 28 de abril tendrá que acometer un ajuste superior a los 13.000 millones de euros.

El pasado mes de enero el Gobierno rebajó un décima la previsión de crecimiento, hasta el 2,2%, tras el rechazo a la senda fiscal del Gobierno, y situó la estimación de deuda pública en el 95,4% del PIB para este año.