El Gobierno elude explicar el rescate público de las clínicas Vivanta por ser «información reservada»

El Gobierno ha eludido en sus respuestas parlamentarias a Ciudadanos y Vox explicar por qué se ha rescatado con dinero público a la red de clínicas dentales Vivanta, escudándose en que se trata de información reservada.

El Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado mes de junio una ayuda financiera de la Sepi por importe de 40 millones de euros para Vivanta, participada por uno de los mayores fondos de capital riesgo españoles, Portobello.

Entre las empresas rescatadas por el organismo público se encuentran otras dos participadas por el mismo fondo Portobello, la cadena hotelera Blue Sea, que recibió 25 millones de euros, y el grupo de catering Mediterránea, que obtuvo 28 millones.

El rescate de las clínicas Vivanta ha llamado la atención de Ciudadanos y Vox, que plantearon cuestiones al respecto al Gobierno entre finales de junio y principios de julio.

«¿Cuál ha sido el criterio para considerarla empresa ‘estratégica’?», preguntaron las diputadas María Muñoz Vidal y María Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos. «¿Con qué asesores externos ha contado el Consejo Gestor del Fondo para el análisis de la situación económica y cuál ha sido el importe desembolsado por el servicio?», preguntaron los diputados de Vox.

Los parlamentarios del partido liderado por Santiago Abascal también solicitaron aclaración sobre si la Sepi era consciente de que en Vivanta existe un «conflicto judicial entre la gestora independiente de capital privado Portobello y los socios minoritarios del grupo relativo a una supuesta doble contabilidad (…)».

En sus respuestas a Vox y a Ciudadanos, a las que ha accedido este diario, el Gobierno dice que existen «razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada (…)».

Toda la información y documentación sobre los expedientes tramitados por el fondo de rescate de la Sepi «tiene carácter reservado». Y señala que, de esta manera, «se preserva el carácter secreto que la información empresarial tiene para el normal desenvolvimiento de las reglas de mercado y que no deben verse alteradas por el ejercicio de las potestades administrativas». También asegura que el rescate de Vivanta  «cumple con los requisitos establecidos en dicha normativa».

Para sostener su decisión de no aportar información transparente sobre la aportación de la ayuda pública de 40 millones a Vivanta, el Gobierno recuerda en sus respuestas a Vox que ya han sido denegadas con anterioridad las solicitudes de acceso al expediente de otras dos compañías rescatadas por la Sepi con cientos de millones de euros, Duro Felguera y Air Europa. Y que ese rechazo gubernamental a la transparencia ha sido apoyado por el Tribunal Supremo.

El pasado mes de febrero el Supremo desestimó los recursos contencioso-administrativos formulados por diputados contra la denegación de entrega de la copia del expediente completo del rescate del grupo industrial asturiano Duro Felguera (120 millones de ayuda) y la aerolínea Air Europa (475 millones de euros).