El Gobierno consuma su amenaza: elimina el veto del Senado al techo de gasto y los presupuestos

El Gobierno consuma su amenaza y da un nuevo paso en el Congreso para eliminar el veto del Senado al techo de gasto y los presupuestos, incluyendo este cambio legal en el informe de la ponencia de la Ley de Paridad, que se aprobará este jueves en la Comisión de Igualdad.

Esta enmienda, impulsada por PSOE y Sumar, ya no se puede modificar al haber quedado integrada como una disposición final nueva en la Ley de Paridad. En este sentido, la reforma legal modifica el apartado sexto del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es el que establece que los objetivos de estabilidad tienen que ser aprobados por el Parlamento.

La nueva redacción elimina la irrevocabilidad de la decisión del Senado, de modo que si los objetivos de estabilidad y deuda son aprobados por el Congreso y rechazados por la Cámara Alta, estos «se someterán a una nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple». Si son rechazados también en la Cámara Baja, el Gobierno remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes.

Ley de Paridad para deshacerse del Senado

En su justificación, PSOE y Sumar esgrimen que España necesita de un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. La ley actual «abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España», explican.

Como ahora el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta en el Senado y puede tumbar los objetivos que presente el Gobierno, el Ejecutivo cree que actualmente el apartado sexto del artículo 15 de la ley «no cumple con esos requisitos», al imponer un proceso «que no respeta» la posición atribuida por la Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado. «La redacción vigente responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución», dicen desde el Gobierno. De esta manera, el Ejecutivo esgrime que el Tribunal Constitucional destacó en 2002 la «diferente posición» que ocupan en el Congreso y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario: «La STC 97/2002 destacó la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario, así como de las relaciones entre una y otra Cámara en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 CE residencia en las Cortes Generales».

De todos modos, no es la primera vez que el Ejecutivo trata de modificar este apartado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.  De hecho, en la pasada legislatura se registró una reforma al respecto e incluso superó un debate de enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Pero la reforma no pasó de ahí y finalmente decayó cuando se disolvieron las Cortes por el adelanto electoral de julio. Esas elecciones dejaron al Gobierno en minoría en el Senado y al PP con mayoría absoluta en esta Cámara. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que esquivar el veto con un informe de la Abogacía del Estado que avalaba fijar los objetivos presupuestarios remitidos a la Comisión Europea en abril de 2023.