El Gobierno aprueba la ley que obligará a las empresas a gastar más en movilidad sostenible

El Gobierno ha aprobado en segunda lectura el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, lo que supone iniciar la tramitación parlamentaria de esta norma orientada a modernizar la movilidad con nuevas tecnologías y contribuir a descarbonizar el transporte, responsable en España el 27% de los gases de efecto invernadero, cinco puntos por encima de la media de la Unión Europea.

Esta contempla que las empresas con más de 500 trabajadores tendrán que contar con planes de movilidad sostenible al trabajo, que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán dotarse de planes de movilidad urbana o que las empresas de transporte tendrán que calcular su huella de carbono y trasladar esa información a los usuarios.

Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que ha dado ‘luz verde’ a esta Ley, con el objetivo de que entre en vigor en 2023.

«Esta ley es necesaria porque la movilidad representa uno de los sectores económicos mas importantes del país, con mas de 800.000 empleados, más del 4,5% del PIB y el 13% del gasto total de los hogares, con más de 5.000 millones de viajes realizados en transporte colectivo cada año», ha señalado Sánchez.

Bajo esta Ley se contemplará el nuevo mapa concesional de autobuses de largo recorrido, que simplificará las rutas para hacer el sistema más eficiente pero garantizando la movilidad de los ciudadanos, y se creará un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que tiene el objetivo de reforzar la cooperación entre las distintas administraciones.

La ministra ha explicado que la Ley se estructura en cuatro grandes pilares: la movilidad como derecho, hacer frente al reto de la emergencia climática, mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto y la digitalización y apoyo a la innovación.

En el tercer pilar, el de la eficiencia del gasto público, la ministra ha detallado que las medidas contempladas en la ley permitirán ahorrar 8.000 millones de euros de gasto público en infraestructuras en una década, así como aumentar en un 3,3% la productividad de las empresas.

Rehabilitación urbana

Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado una modificación de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, con la que se busca dotar a España de un nuevo planteamiento urbanístico y territorial, actualizando y respondiendo a las nuevas necesidades de planificación de los territorios y las políticas de vivienda.

«Pretendemos evitar la paralización que durante años se ha dado en el planteamiento territorial de numerosos municipios por defectos menores que no se podían subsanar», ha añadido Sánchez.

De esta forma, se introducen modificaciones para simplificar la burocracia y agilizar todas las obras que implican rehabilitaciones de edificios , facultando a las Comunidades Autónomas a que introduzcan mecanismos que simplifiquen el otorgamiento de autorizaciones.