El Gobierno amplía a las grandes empresas cotizadas las ayudas a la exportación por sus problemas de liquidez
El Gobierno admite que las empresas que cotizan en Bolsa están teniendo problemas de liquidez por su dificultad para acceder a la financiación de la banca por la crisis del coronavirus y ha decidido salir a su ‘rescate’. En el real decreto 25/2020, de 3 de julio, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo señala que la crisis ha golpeado más a las empresas dependiendo del sector que del tamaño, y que el hecho de que coticen en Bolsa no les ha dado ninguna ventaja para conseguir financiación.
Por eso, ha decidido ampliar a las empresas cotizadas las ayudas contempladas en la línea extraordinaria para la internacionalización de las compañías gestionada por el CESCE. Esta línea de ayudas se aprobó en abril y está dotada con 2.000 millones de euros. El Gobierno ha reservado para las empresas cotizadas el 35% del total, unos 700 millones de euros. «El sector de actividad está siendo más determinante que el tamaño de la empresa. Algunas de las empresas cotizadas están encontrando dificultades de acceso a la financiación y su exclusión de la línea dificulta además la utilización de sus bancos habituales», señala la norma.
«Hay que tener en cuenta el gran impacto en empleo de algunas de estas empresas cotizadas, no solo en sus plantillas directas sino en sus efectos indirectos que generan a su alrededor», añade el Gobierno en el texto del real decreto.
Para ayudar a la internacionalización de las empresas, el Gobierno ha decidido también ampliar de 10 a 100 millones de euros el Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX), gestionado por Cofides.
Estas ayudas para la internacionalización de las empresas cotizadas llega después de casi cuatro meses de estado de alarma y confinamiento en España y en los principales países receptores de los productos españoles.
Fondo de 10.000 millones
Además, en la norma publicada este lunes el Gobierno detalla las condiciones del fondo de ayuda para las empresas solventes que estén en problemas y que permitirá al Ejecutivo entrar en el capital de las mismas. Según el real decreto, la compra de una participación de la empresa no obligará al Gobierno a lanzar una OPA por el resto del capital incluso aunque supere el 30%.
Un equipo interministerial del Gobierno adscrito a Hacienda decidirá en un plazo de seis meses si el Ejecutivo entra definitivamente en las empresas que soliciten esa ayuda. Además, el Gobierno nombrará consejeros en las empresas de las que tome una participación en el capital. Su número dependerá del porcentaje de control del Ejecutivo.
El importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras remuneraciones que se deriven de la participación de la SEPI en estas empresas se integrará en el Tesoro Público.
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