La fusión Orange-MásMóvil obliga a cambiar la regulación anti-Telefónica y liberalizar el mercado
La fusión de Orange y MásMóvil anunciada ayer cambia por completo el mercado de las telecomunicaciones en España y, con ello, tendrá que modificarse la actual regulación diseñada para limitar el poder de Telefónica como antiguo monopolio. Ahora habrá dos grandes jugadores y eso afectará a la obligación de alquilar las infraestructuras y abrir contratos como el del fútbol, y a la fijación de precios.
Así lo aseguran fuentes del sector, que consideran que la operadora que preside José María Álvarez-Pallete quedaría en desventaja si no se modifican las reglas del juego tras esta operación. Pallete ya pidió un cambio regulatorio en el reciente Mobile World Congress, si bien en esa ocasión se refería a que las grandes tecnológicas tengan que asumir parte de la inversión para desarrollar el 5G.
Las normas actuales tienen entre 10 y 15 años de antigüedad, y pretendían fomentar un entorno ultracompetitivo en España, por lo que limitaba a Telefónica -el actor incumbente en la jerga empresarial- en muchos campos. Algo que cada vez tenía menos sentido con la gran cantidad de competidores actuales y la consiguiente guerra de precios, así como con la generalización de la fibra óptica y la aparición de las plataformas de streaming.
Pero ahora esta normativa sí que queda totalmente obsoleta con la fusión y la aparición de un nuevo jugador con el mismo tamaño que Telefónica (o incluso mayor, si se mide por número de líneas). Y ahí, la CNMC -responsable de la regulación del sector- tiene dos opciones: imponer a Orange-MásMóvil las mismas restricciones que a Telefónica o ir directamente a una liberalización total del mercado al estilo anglosajón o alemán.
Las limitaciones de Telefónica
Las fuentes consultadas se inclinan por la segunda opción, que sería lo más lógico en el mundo actual. La normativa actual impone básicamente tres tipos de restricciones al operador dominante. La primera es la obligación de alquilar su red y demás infraestructuras a otros operadores, obligación que no tienen Orange ni Vodafone.
La segunda es la limitación de precios. La CNMC divide el territorio nacional en zonas competitivas y no competitivas (las menos pobladas); en estas segundas, Telefónica no puede imponer precios por encima de un tope, mientras que el resto de operadores puede fijarlos libremente.
Por último, está la obligación de abrir a los competidores ciertos contenidos en el mercado mayorista. El caso más conocido es el de los derechos de la Liga de fútbol, que Telefónica lleva años revendiendo a Orange (Vodafone decidió no comprarlos). Como es sabido, a partir de la próxima temporada, Javier Tebas ha dividido los derechos entre Movistar y la plataforma Dazn, pero ambas han llegado a un acuerdo para compartir el 100% de los derechos y poder comercializar la competición entera cada una por su lado.
Las fuentes dan por hecho que el Gobierno aprobará la operación -aunque el escudo antiopas le permite vetarla al ser Orange una empresa francesa-, aunque con condiciones (remedies): le impondrá la venta de parte del espectro, ya que la empresa fusionada se pasa del máximo autorizado (cap).
Vodafone, la perdedora del movimiento
En todo caso, el gran perdedor de esta operación es, obviamente, Vodafone, que queda a mucha distancia de los dos gigantes del mercado. La británica también ha participado en las negociaciones, pero no ha apostado lo suficiente para cerrar un operación. De hecho, el temor de Orange a una fusión Vodafone-MásMóvil ha precipitado los acontecimientos.
Vodafone queda en una situación parecida a la que tiene en Italia, como un operador secundario que no podrá tener ni la oferta ni la plataforma de los dos grandes competidores, que son los únicos con músculo para las grandes inversiones que exige desarrollar el 5G.