Los fundadores de Codere reclaman a la CNMV que se obligue a los fondos a lanzar una opa

Los fundadores de Codere, la familia Martínez Sampedro, han solicitado introducir un nuevo punto en el orden del día de la junta de accionistas que se celebra el próximo 11 de mayo y que los partícipes en la toma de control de Codere cumplan la Ley del Mercado de Valores española.

Para ello, han solicitado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abra expediente contra los fondos para obligarles a presentar una OPA forzosa por 9,58 euros por título en beneficio de la totalidad de los accionistas de la compañía, lo que supone un montante total de alrededor de 900 millones de euros.

Según los fundadores de Codere, el precio equitativo por acción reclamado es el orientativo que se ha fijado en función del cierre del 12 de enero de 2018, fecha en la que se materializó la toma de control de la compañía.

También han solicitado a la CNMV que paralice los expedientes de denuncia que se presentaron, «sin conocer la existencia y consecuencias de la conspiración civil», hasta que se resuelva el expediente de la OPA forzosa.

La nueva demanda se basa en el artículo 40 del Reglamento de Régimen Interior de la CNMV y de la Ley del Procedimiento Administrativo, así como por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que prohíbe de forma explícita las maniobras de accionistas y consejeros que impliquen una colusión de intereses ajenos a los del resto de accionistas.

Según la nueva demanda, «por primera vez», al iniciar este expediente al amparo de dicho artículo 40, el regulador. La nueva demanda también aporta el dictamen de una firma de abogados estadounidense, que ha analizado los resultados y pruebas obtenidas por el ‘forensic’ al investigar miles de pruebas de la relación entre los fondos de inversión y los consejeros de Codere.

Los abogados concluyen en un informe, entre otras cuestiones, que «bajo su criterio jurídico y con los estándares de la legislación estadounidense, ha existido algún tipo de conspiración civil para organizar desde Estados Unidos la toma de control de Codere sin presentar una OPA forzosa».

Además, destacan que «en secreto, urdieron y planearon un esquema, presentado como un plan de transición que resultara en cambios fundamentales en la estructura y el negocio de Codere», que incluían la rescisión de José Antonio Martínez Sampedro, como presidente de la compañía, y de Luis Javier Martínez Sampedro, como vicepresidente, y el nombramiento de Vicente Di Loreto, como CEO de Codere.

Según los demandantes, Di Loreto fue contratado como responsable de G3M Consulting para proveer de servicios de consultoría estratégica, financiera y de negocio a Codere, y fue nombrado responsable del Comité de Seguimiento de la compañía cuando era presidente José Antonio Martínez Sampedro. Posteriormente, y de acuerdo con el plan que había pactado con Silverpoint, fue nombrado por el consejo CEO de la compañía.