Los funcionarios contra Sánchez: «Hemos perdido 4.721 millones de euros de poder adquisitivo»

Los funcionarios aseguran que han sufrido «una pérdida de poder adquisitivo de 4.721 millones de euros» desde el año 2010, especialmente por culpa del alza de los precios que ha sufrido España en los últimos años. Así consta en un informe elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) al que ha tenido acceso OKDIARIO. Por tanto, los trabajadores públicos reivindican una mejora salarial y una revisión de las condiciones laborales, algo que les ha llevado a convocar manifestaciones en toda España contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los datos del informe de CSIF son reveladores. Si se comparan las variaciones de la masa salarial de los empleados públicos con las subidas de precios, es decir, con el Índice de Precios al Consumo (IPC) de España, la capacidad de compra de los funcionarios ha caído en 4.721 millones de euros desde 2010.

De esa cantidad, el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado se ha reducido en 1.085 millones de euros desde que Gobierna Sánchez. Si se tiene en cuenta sólo el periodo que va desde 2021 hasta la actualidad, los funcionarios tienen ahora una capacidad de compra de 1.772 millones de euros menos.

Así, desde 2021, las variaciones en el poder adquisitivo de los empleados del Estado han sido las siguientes:

• 2021: -407.272.570 euros
• 2022: -942.204.654 euros
• 2023: -12.299.775 euros
• 2024: -409.992.513 euros

Desde 2010, el IPC acumulado en España corresponde con el 27,07%, es decir, los precios casi han aumentado una tercera parte. Sin embargo, la masa salarial funcionarial sólo ha subido un 11,15% en ese periodo. Por tanto, los precios han aumentado más del doble (cerca de 16 puntos) más que los salarios de los trabajadores públicos.

Si se tiene en cuenta sólo el periodo Sánchez, el IPC acumulado ha sido del 15,43% y la subida de la masa salarial de los empleados del Estado el 12,4%, 3 puntos inferior.

Protestas de los funcionarios

Así, esta situación ha provocado que los funcionarios vayan a salir a la calle los próximos días 11 de noviembre y 16 de diciembre. Las manifestaciones se realizarán frente al Ministerio de Hacienda y a todas las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias del país.

Miguel Borra, presidente de CSIF, ha afirmado que las movilizaciones del sindicato tienen como objetivo instar al Ejecutivo a superar su «parálisis» y comenzar a negociar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

«Ya no podemos esperar más ni darle más tiempo al nuevo ministro de Función Pública. El Gobierno lleva desde constitución en noviembre del 2023 dando largas a nuestras reiteradas peticiones para comenzar la negociación colectiva», ha recalcado.

En términos generales, las reivindicaciones son las siguientes:

• Negociación de un nuevo acuerdo salarial
• Recuperación de la estructura salarial
• Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025
• Eliminar la tasa de reposición
• Balance y culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino
• Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado
• Implementación de la carrera profesional en todas las administraciones
• Implementación del teletrabajo
• Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas
• Mejora de las condiciones de jubilación
• Garantías de la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo

El presidente de CSIF, también advirtió que el sindicato no descarta tomar «medidas más contundentes» si el Gobierno de Sánchez no responde a estas demandas de los trabajadores públicos. Esto podría incluir más movilizaciones en 2025, paros parciales, o incluso una jornada de huelga en las administraciones públicas como «último recurso».

Además, el sindicato de funcionarios asegura que existe una diferencia sustancial entre los sueldos de unas y otras zonas de España: «La mayor diferencia retributiva se da en el País Vasco, donde un empleado de la Administración General del Estado cobra de media 15.805 euros menos anuales por la misma labor que un trabajador/a del Gobierno vasco. La diferencia llega a los 20.692 euros si se compara al empleado de AGE con un homólogo del Ayuntamiento de Bilbao».