Los funcionarios avisan de que el colapso en extranjería por la regularización masiva llegará en abril

El inminente comienzo del proceso de regularización de inmigrantes pone en jaque a las instituciones del Ministerio del Interior que no están preparadas para soportar el aluvión de peticiones que van a llegar al sistema. En consecuencia, los funcionarios ya han alertado de que el colapso en extranjería por la regularización masiva llegará el 1 de abril, debido a que no se han reforzado las plantillas de trabajadores como se lleva pidiendo desde hace meses.

Los funcionarios denuncian que, en el ámbito del Ministerio del Interior, «el proceso de regularización está teniendo un impacto directo en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación con un aumento de la demanda y, en consecuencia, situaciones de saturación en las oficinas, donde esta situación se va a agravar a partir del 1 de abril». 

Tras reuniones realizadas en diferentes departamentos, el Gobierno señala que se espera entre medio millón y un millón de solicitudes. Sin embargo, los empleados de Extranjería denuncian que «aún no nos han aclarado el refuerzo de plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública, como ha sucedido en otras ocasiones».

«Es fundamental anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía. Además, se debe compensar el esfuerzo adicional realizado por los empleados públicos», explican.

Así, desde el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF, se ha exigido el refuerzo de plantillas. Se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como posteriormente para gestionar subsidios y trámites administrativos en ámbitos deficitarios de personal (SEPE, Seguridad Social, Política Territorial e Interior, entre otros).

Según las primeras informaciones recabadas por CSIF en reuniones con los diferentes departamentos, el proceso constará de 2 fases: recogida de solicitudes con documentación y tramitación y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la Unidad de Tramitación de Expedientes (centralizada en Vigo).

El grueso de las solicitudes presenciales se realizará previsiblemente en las oficinas de Correos, aunque todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad ni se ha informado a los trabajadores sobre el procedimiento y condiciones. Asimismo, también se podrán presentar en delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, oficinas de extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social.

También se prevén solicitudes telemáticas, aunque desde CSIF advierten de que pueden generarse problemas en la identificación de solicitantes y que carezcan de certificado digital. Por este motivo, se prevé la colaboración de organizaciones sindicales, ONGs, graduados sociales y abogados, que actuarían como intermediarios.

El personal recogerá y escaneará la documentación comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para tal efecto. En el caso de la Seguridad Social, la participación será voluntaria retribuyéndose con 25 euros la hora (35 euros a los coordinadores).

Algunas oficinas de Extranjería quedarán excluidas

Por su parte, la mayoría de las oficinas de extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes (hay 10 oficinas aún por determinar), ante el asombro de la plantilla de estos centros de trabajo. En el departamento de Política Territorial se desconoce cuántos expedientes se tramitarán, ni la carga de trabajo, ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia.

Además, se da la circunstancia de que un año después del proceso, este personal será el encargado de renovar los permisos, lo que no tiene mucho sentido. Desde Política Territorial se rechaza la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública, dado que esta labor debería estar supervisada por personal funcionario debido a los datos sensibles que se van a tramitar.