El FROB recurre la absolución de la cúpula de Caixanova en la Audiencia Nacional por el caso Promalar

El FROB, la Autoridad de Resolución Ejecutiva, ha recurrido la sentencia de la Sala Penal Sección 1 de la Audiencia Nacional del pasado mes de julio en la que se absolvió a la cúpula de Caixanova por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, de acuerdo a dos fuentes conocedoras del proceso. El organismo se juega 80 millones de euros en el caso.

Los principales ejecutivos de la antigua caja de ahorros gallega, liderados por el hoy nonagenario Julio Fernández Gayoso, ex presidente de Caixanova, fueron acusados de inflar tasaciones y facilitar la financiación de la inmobiliaria Promalar.

La caja de ahorros entregó entre los años 2005 y 2007 préstamos por valor total de 70 millones de euros a la compañía, para adquirir la conservera Bernardo Alfageme, las antiguas Conservas Miau. La empresa presentó como garantía terrenos situados en Bueu y Cangas que fueron valorados en 133 millones.

La fiscal, Pilar Melero, la Abogacía del Estado y la acusación particular (Abanca en representación del FROB), defendieron que la financiación obedeció a un contubernio para favorecer a personas cercanas a Fernández Gayoso, y que la operación ocasionó un roto a Caixanova de 80 millones.

La fiscal Melero afirmó durante el juicio que Caixanova era «el coladero de las tasaciones», como informó este periódico. La inmobiliaria Promalar y la conservera Bernardo Alfageme quebraron, y los terrenos que habían sido valorados en 133 millones se tasaron posteriormente en sólo dos millones.

Los abogados de los ejecutivos de Caixanova y de los empresarios de Promalar sostuvieron durante el juicio que los supuestos delitos habían prescrito, y que las tesis de la fiscal constituían una «teoría de la conspiración».

Abanca, la fiscal y la Abogacía del Estado reclamaron que los acusados respondieran de forma solidaria con entre 74 y 80,5 millones al FROB. Para Fernández Gayoso, la fiscal solicitó una pena de cinco años de prisión por apropiación indebida y 10 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros. El ex presidente de Caixanova ya fue condenado en 2016 a dos años de prisión como cooperador necesario de un delito de administración desleal en la antigua caja.

Los jueces de la Sala Penal de la Audiencia Nacional explicaron en su sentencia del pasado mes de julio que no existe «ninguna prueba» de que los acusados concertaran un plan para «distraer dinero en beneficio de Promalar o de viejos conocidos o amigos». Tampoco de que se produjera un delito de apropiación indebida.

Sobre la tasación de los terrenos en 133 millones, los magistrados señalaron en su sentencia que los tasadores estimaron ese valor al calificarlos como urbanizables, cuando estos eran rústicos de protección forestal, pero que la calificación de urbanizable era factible dado que estaba en marcha una reordenación urbanística.