Fiscalidad ‘verde’: la excusa de Hacienda para una subida de impuestos de 6.700 millones anuales

El Ministerio de Hacienda aprobará una reforma en el ámbito de la fiscalidad medioambiental para sentar la base de un modelo tributario que tenga un impacto recaudatorio equivalente al 2,46% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a los ingresos del 1,85% del PIB que aportan este tipo de tributos verdes a las arcas públicas. Esto implica que la subida rondará los 6.700 millones de euros anuales.

Así lo indica el Gobierno en la actualización del plan presupuestario enviado a la Comisión Europea, en el que indica que la citada tasa del 2,46% del PIB es la media europea de recaudación por impuestos medioambientales y un objetivo a perseguir por el sistema tributario español. No obstante, esta subida se pretende alcanzar a largo plazo y, de momento, el Ministerio de Hacienda se conformará con una reforma fiscal que logre recaudar 500 millones de euros extra este año por medio de estos impuestos verdes.

En concreto, el documento enviado a Bruselas, el Ejecutivo promete “poner en marcha este año una reforma en el ámbito de la imposición medioambiental para asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una progresiva convergencia con la media de la Unión Europea en materia de tributación ambiental. El impacto recaudatorio de estas medidas se sitúa en 500 millones de euros para el año 2017”.

En la citada actualización del plan presupuestario el Gobierno indica que la creación de los nuevos impuestos (y la subida de los ya existentes) “se incluirán en un proyecto de Ley de medidas en materia tributaria y de lucha contra el fraude fiscal”, aunque no especifica una fecha concreta para la aprobación de la norma, que deberá ser refrendada por el Parlamento si el Ejecutivo escoge la figura del Real Decreto Ley, como ha hecho hasta ahora en las reformas emprendidas en lo que va de Legislatura.

Utilizar la excusa de la protección del medioambiente no es algo nuevo en la política española. De hecho en 2009 el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero diseñó un paquete de impuestos bajo el paraguas de la Ley de Economía Sostenible que pretendía elevar la recaudación para limitar el déficit público que había generado la expansión del gasto público. La mayoría de aspectos de aquella fiscalidad verde sigue hoy vigente y, como entonces, ahora servirá para elevar los ingresos con el objetivo de lograr el compromiso fiscal alcanzado con Bruselas: que al cierre de 2017 el déficit público no sea superior al 3,1% del PIB.

El pasado febrero, la Comisión Europea pidió formalmente a España que hiciera más esfuerzos para usar la política tributaria mejorar la gestión de aguas y residuos, la calidad del aire y aumentar la recaudación mediante este tipo de impuestos verdes, que en realidad son tributos que castigan el uso de combustibles y cualquier producto que el Estado considere nocivo para la naturaleza.

“Aunque se han adoptado algunas medidas en los últimos años, principalmente en el sector de la energía, los avances en materia de fiscalidad medioambiental son muy limitados”, indicaba Bruselas en un documento de análisis sobre la aplicación de la normativa medioambiental por los Estados miembros.

Para la Comisión Europea el primero de los “retos” a los que se enfrenta España en esta materia es la gestión del agua. A pesar de que la calidad del líquido elemento en España es de las más elevadas de toda la UE, el organismo comunitario considera que existe un “desafío de disociar el crecimiento económico de la gestión del agua”. A este respecto, propone un sistema nuevo de tarifas y que se fomente la reutilización de las aguas residuales, así como “una mayor transparencia de los precios y las subvenciones y la modernización de los sistemas de regadío”.

Respecto al entorno marino, la Comisión Europea detecta “amenazas a la biodiversidad en la costa Atlántica derivadas de la sobreexplotación pesquera, la pesca con redes de fondo y la contaminación por accidentes como los petroleros”. Mientras que en el Mediterráneo las amenazas provienen de la contaminación terrestre, “la basura marina, la sobreexplotación pesquera y la degradación de hábitats esenciales”.

Bruselas también considera que España debería mejorar la calidad del aire, que sigue siendo “preocupante”, en particular en relación con el dióxido de nitrógeno y las partículas, así como en la congestión del tráfico en las principales áreas metropolitanas del país. Tampoco en gestión de residuos municipales destaca positivamente nuestro país, según la Comisión, ya que “el 55% todavía se deposita en vertederos”, lejos del 28% de media de la UE.