El fiasco del Pacto de Toledo aboca a subir las cotizaciones un 53% para las pensiones de 2050

El cálculo electoralista de Unidos Podemos ha hecho saltar por los aires esta semana el Pacto de Toledo aplazando a la próxima legislatura la imperiosa decisión de qué hacer con un sistema público que este año absorberá la cifra récord de 153.864 millones de euros y cerrará con un déficit de 19.000 millones de euros. Mientras todo apunta a que los actuales pensionistas ganarán poder adquisitivo este año de elecciones con una revalorización de su pensión del 1,6% (cuando los expertos consideran que el IPC avanzará en el conjunto de 2019 alrededor del 1,2%), las generaciones que deben sostener el sistema van a verse abocadas a hacer frente a un sobresfuerzo fiscal en los próximos 30 años.

Según las últimas estimaciones del Banco de España, el gasto en pensiones se incrementará al año de manera progresiva hasta llegar a un aumento anual de 40.000 millones de euros en 2050 por la decisión de ligar las pensiones al IPC. Un cálculo que coincide con el de otros organismos y fundaciones, como AIReF o Fedea que afirman que incluso en el escenario más favorable para la natalidad y la edad de trabajar, el déficit del sistema se aproximará al 5% el PIB en 2050. Un escenario que obligaría a elegir o combinar medidas drásticas como casi doblar la actual recaudación por IRPF, aumentar la actual base de cotización en un 53% o emitir deuda por valor del 77% del PIB en caso de no lograr que el número de cotizantes se incremente en 10 millones, explica a este periódico investigador asociado de Fedea, Miguel Ángel García.

Las desorbitadas medidas fiscales para sostener a las pensiones podrían no ser suficientes para sostener los ingresos de los mayores de 65 años en esos 30 años si España tuviera que afrontar una nueva crisis económica como la que vivió entre 2008 y 2012. «Hay un riesgo cierto en la próxima fase a la baja de ciclo que ante una pérdida de confianza de los inversores con subida de la prima de riesgo, el Gobierno se vea obligado a implementar medidas abruptas y traumáticas en las cuentas públicas que podrían afectar a las pensiones al representar el 32% del total del gasto público», reconocen desde Fedea.

Pese a que los partidos que forman parte de la comisión del Pacto de Toledo son conscientes de este escenario, el miedo a seguir las recomendaciones de los organismos internacionales y casas de estudio nacionales para atajar el problema se ha impuesto en estos últimos años. De hecho, esta comisión no logra cerrar un acuerdo desde 2010 y la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PP en 2013 se ve ahora amenazada por un ‘decretazo’ de Pedro Sánchez que podría ver la luz esta semana si el Gobierno sigue el dictado de los sindicatos de cara a la campaña para el próximo 28-A.

Los sindicatos presionan para que Sánchez derogue la próxima semana la reforma de 2013 de Rajoy antes de las elecciones.

«La principal amenaza para el sistema público de pensiones es el poder electoral de los jubilados», afirma en una conversación con OKDIARIO el fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, que se muestra pesimista ante esta derivada. «La competitividad a la que ha llevado la fragmentación política va a hacer que siempre alguien pueda ofrecer más. En abstracto, ¿quién no va a estar a favor de que suban las pensiones? Hace falta pedagogía, madurar como país», concluye.

Para empezar a controlar el sistema, el PP aprobó en 2013 una reforma que introdujo el llamado factor de sostenibilidad por el que elementos como la esperanza de vida o la salud financiera se tendrían en cuenta para determinar las cuantías de las pensiones. Además, aprobó el Índice de Revalorización por el cual las pensiones subirían un 0,25% mientras el sistema presente déficit.

Sin embargo, las negociaciones para aprobar los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy, con los pensionistas manifestándose en el Congreso, hicieron que ya en 2018 se decidiera subir las pensiones un 1,6%, en línea con la inflación. Una revalorización impulsada en aquel momento por el PNV, pero extendida a 2019 con el consenso de todas las formaciones políticas pese a que el IPC podría cerrar el año en el 1,2%, según los expertos. De hecho, este Real Decreto (que eleva el aumento de las pensiones mínimas al 3%) ha sido uno de los pocos que ha convalidado el Congreso en los poco más de ocho meses con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Desde el sector asegurador se sigue de cerca el debate por las derivadas directas que tiene para su negocio de los planes de pensiones. Sin embargo, desde las compañías se reclama acción política para evitar el escenario que se atisba hoy. En ese sentido, el director de Distribución de Axa España, Luis Sáez de Jauregui, advierte de la necesidad de establecer unas reglas claras para el sistema en los próximos 3o años o «de lo contrario se va a tener que gestionar a un ejército de jubilados subsistiendo con, en el mejor de los casos, la mitad de su último salario. Es decir, vamos a tener un país empobrecido».