El ex ministro Gómez pide como experto más subvenciones a formación y opta a ellas con Uatae

El ex ministro es presidente de la Fundación de esta asociación de autónomos, Fundetae, y utiliza sus buenas relaciones con el PSOE para abrir las puertas del ministerio de Trabajo y de los gobiernos regionales a la secretaria general de la asociación, María José Landaburu.

Uatae, como publica este diario este jueves, opta a subvenciones públicas para formación, algo poco habitual en las asociaciones de autónomos de España. ATA, la mayoritaria, se presenta a este tipo de concursos de manera puntual mientras UPTA, de UGT, rechaza absolutamente optar a ellas. Uatae tiene incluso un departamento potente para formación.

Y mientras Gómez ejerce de lobbista, y tiene cargo en Uatae, por otro lado potencia en la opinión pública la necesidad de que los gobiernos aumenten las subvenciones a la formación.

Así lo ha hecho recientemente con el informe titulado ‘La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado’. Este informe, de 2018, lo elaboró el ex ministro por encargo de las organizaciones más representativas del sector: la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP); la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF); y la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED).

En el informe -que envió a la entonces ministra, Fátima Báñez-, Gómez reivindica al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

Subvenciones

Uatae, que dirige María José Landaburu, cuñada del ex ministro, ha recibido importantes subvenciones de regiones gobernadas por el PSOE. En concreto, de Andalucía hasta el cambio de Gobierno tras las últimas elecciones, con Susana Díaz como presidenta.

Pero, pese a que recibe subvenciones públicas, Uatae incumple la ley de transparencia y no publica en su web las cuentas de la asociación, como publicó este diario. La norma obliga a hacerlo cuando se reciben más de 100.000 euros públicos de subvención.