El ex director de la CAM se defiende: KPMG auditó las cuentas de la caja «sin salvedades»

El que fuera director general de la CAM entre 2001 y 2011, Roberto López Abad, ha respondido este martes que la entidad «no era lo peor de lo peor» como insinuó el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez aunque ha recordado que la auditora KPMG auditó las cuentas de 2010 y 2011 de la caja de ahorros y las admitió «sin salvedades».

Estas declaraciones se producen obviando que tanto el fiscal como el juez instructor Javier Gómez Bermúdez del caso concluyeron en sus investigación que la entidad ocultó información al auditor en 2010 en relación a las opciones de recompra que tenían unas titulizaciones de crédito por valor de 168 millones de euros, por lo que la entidad debió mantener la provisión correspondiente por estas opciones.

Una vez conocida la existencia de estas opciones, KPMG requirió a la entidad, ya intervenida, para que corrigiera este hecho en sus cuentas, advirtiéndolo en el informe de auditoría de 2011.

Respecto a las cuentas del primer trimestre de 2011, la entidad hizo público un resultado positivo de 38 millones de euros, aunque esas cuentas no habían sido auditadas. Las cuentas auditadas del primer semestre de 2011 reflejaron un resultado negativo de 1.136 millones de euros, con unas dotaciones netas por importe de más de 1.150 millones de euros.

El exdirectivo ha hecho caso omiso de estos datos y ha defendido la solvencia de la entidad alicantina en el marco de la causa que sigue la Audiencia Nacional contra él y otros siete altos cargos por falsear presuntamente las cuentas. «Nunca se modificaron, para nada», ha precisado a preguntas de su abogado Javier Boix y ha tildado de «ridículo» que se le acuse de dar instrucciones para variar los estados financieros ya que bajo su dirección, ha precisado, se redujeron las retribuciones.

López Abad ha dicho que la auditora KPMG, que llevaba trabajando con la caja 19 años, «auditó las cuentas» y las admitió «sin salvedad». «Ellos tenían acceso a todo, entraban en mi despacho las veces que querían y cuando firmaban un informe era la mejor garantía de que la caja estaba bien», ha respondido a preguntas del Ministerio Público que pide para él siete años y medio de cárcel por delitos de falsedad de cuentas, estafa y apropiación indebida.

La Fiscalía le acusa junto a otros siete exdirectivos de maquillar los estados para, por un lado, poder integrar el Sistema Institucional de Protección (SIP) con otras tres cajas, y, por otro, adjudicarse una serie de complementos retributivos que le costaron a la CAM 20 millones de euros. Añade además que presentaron a las autoridades financieras beneficios de 38,9 millones pese a que tres meses después las cuentas arrojaban pérdidas de 1.136 millones de euros.

Correo sacado de contexto

Sobre el correo interno que envió a los también acusados Dolores Amorós (dirección adjunta) y a Francisco José Martínez García (Inversiones y Riesgos) en el que se instaba a «sacar 300.000 millones de euros» de cara al cierre de resultados de 2010, el exbanquero ha asegurado que es una comunicación sacada de contexto y que el objetivo era cubrir con fondos genéricos las pérdidas que sufrió la CAM con la aplicación de la circular 3/2010 del Banco de España (que exigía inmovilizar grandes cantidades como garantía ante el riesgo de los créditos).

Al igual que el expresidente Modesto Crespo, el exdirector general ha mostrado su sorpresa de que se deshiciera el SIP entre CajaAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria previo a la creación del Banco Base ya que pensaba que una vez se constituyera esta unión todo «iría solo». No obstante ha rechazado que se manipularan las cuentas de la caja de cara a la integración y ha negado que se fuera «ambiguo» con los resultados, como apuntó el también acusado Vicente Soriano (Recursos) en otro mail de abril de 2009. «Más concreto no se pudo ser», ha dicho.

Cuotas participativas

Con todo, el supervisor intervino el 23 de julio de 2011 la entidad en uno de los rescates más costosos de la banca en España y la adjudicó al Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro, según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación.

López Abad ha puesto como ejemplo de confianza de las autoridades financieras en la caja la venta de cuotas participativas a clientes si bien se ha negado a responder a Diego de Ramón -letrado que ejerce la acusación particular en representación de más de mil afectados por la compra de este producto financiero– sobre si se cumplió lo expuesto en el folleto de emisión de dichas cuotas.

Respecto a este punto el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que juzgó recientemente el caso de las tarjetas ‘black’, ha determinado que no formarán parte del juicio las acusaciones que representen a los afectados por la compra de cuotas participativas entre los ejercicios 2007 y 2010 tal y como solicitaron ayer las defensas, que expusieron que se creó una pieza separada sobre esta cuestión y fue archivada provisionalmente por la Audiencia Nacional.