El Estado pagará las cláusulas suelo de las cajas rescatadas

Fuentes de la inspección del Banco de España han indicado a este periódico que el Estado deberá devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cajas de ahorros rescatadas en virtud de las cláusulas suelo hipotecarias. Los esquemas de protección de activos firmados cuando se produjo la inyección de dinero público obligan al FROB a realizar las devoluciones, una vez que el TSJUE ha considerado que las citadas cláusulas son nulas sin limite de plazo, obligando a abonar a los afectados la totalidad del dinero cobrado de más desde la firma de su hipoteca.

En la venta de entidades recapitalizadas con fondos públicos, como suele ocurrir en las ventas de compañías, el vendedor asegura que cualquier responsabilidad que pudiera surgir por los contratos traspasados al comprador serán a su costa. Así, las indemnizaciones a los deudores hipotecarios por aplicación indebida de las cláusulas suelo son de cuenta del vendedor hasta la fecha de la venta (la indemnización por aplicación de la cláusula de manera posterior a la venta es por cuenta del comprador, que es el que ha percibido indebidamente las cantidades), apuntan las fuentes mencionadas.

De momento, las autoridades se amparan afirmando que en los cuadernos de venta de las cajas rescatadas existen unas cláusulas de confidencialidad que impiden desvelar qué asuntos exactamente estaban recogidos en los términos del traspaso.

Abanca, heredera de Novagalicia (fruto de la fusión de las antiguas cajas gallegas) ya anunció la semana pasada que todos los casos de cláusulas suelo que le surjan lo pagarán los contribuyentes de su bolsillo tal y como recogen las condiciones otorgadas por el Banco de España en su adjudicación, que cubren el 85% de la factura que de estas cuestiones se derive.

BBVA, que fue adjudicataria de las cajas de ahorros catalanas (Unnim y Catalunya Caixa), por ejemplo podría tomar la misma decisión mientras que Banco Sabadell ya ha dicho que debido a los altos costes que se le avecinan estudiará caso por caso su aplicación o no.

Rubén Manso, socio de la consultora en regulación financiera Mansolivar, apoya esta tesis pues afirma que una de las pocas cosas que leían los notarios en las firmas era precisamente las condiciones del préstamo. Importe, plazo, tipo y existencia de cláusulas de tipo máximo o mínimo en su caso.

Tampoco comparte la idea de las asociaciones de usuarios de que resultaban desequilibradas porque cuando los tipos bajaban llegaba un momento en que el deudor no se veía beneficiado de toda la bajada de tipos y ello por dos motivos: el primero porque en España hay libertad de fijación de precios y ese era el precio (Euribor más un diferencial con un mínimo del x%) y segundo porque para ofrecer un precio variable bajo hay que asegurarse un ingreso mínimo que cubra los costes de estructura  (como hacen los taxistas con la bajada de bandera o las operadoras de telefonía móvil con sus ofertas de x€/ minuto con un consumo mínimo de x€/mes). De hecho, durante la época en que se comercializaron hipotecas con suelo, los diferenciales aplicados al Euribor fueron los más bajos de la historia. Ahora no lo son tanto.

Todo esto se suma al ya de por sí ruinoso negocio que hizo el Estado al «privatizar» las cajas de ahorro. Tal y como informaba OKDIARIO, el Estado sólo ha recuperado el 8% del dinero público destinado al rescate de las cajas. Poco más de 4.800 millones de euros frente a los 60.000 millones que se inyectaron en su momento.

Llama la atención porque el presidente del FROB, Jaime Ponce hace sólo unos meses confiaba en que «al Fondo aún le  quedan importantes desafíos para lograr minimizar la cifra última de apoyos públicos concedidos». Los desafíos están ahí, la recuperación del dinero público se aleja.