Estado y CCAA registran un déficit conjunto de casi 27.000 millones de euros: el 2,3% del PIB

El conjunto de las Administraciones Públicas españolas (excluyendo a los ayuntamientos) ha registrado un déficit de casi 27.000 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, lo que equivale al 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB). La mala noticia es que los gastos superan a los ingresos a pesar de que la economía española crece por encima del 3% y la buena es que la brecha fiscal es un 19,5% inferior a la contabilizada en el mismo periodo de 2016.

En concreto, los ingresos públicos ascendieron a 189.117 millones, un 4,5% más que en la primera mitad del pasado año;, mientras que los gastos crecieron un 0,1%, hasta 216.443 millones (en ambos casos sin contar con las corporaciones locales, cuyos datos agregados todavía no son públicos)

Según el informe de ejecución presupuestaria publicado por el Ministerio de Hacienda, el déficit público escala hasta los 27.326 millones de euros incluyendo el saldo neto de las ayudas financieras. El Estado registró una brecha fiscal de 12.773 millones de euros entre enero y junio, lo que representa un descenso del 40,6%, provocado por las menores transferencias a otras administraciones respecto a las cifras del pasado ejercicio. Por su parte, los organismos de la administración central se anotaron un superávit de 52 millones, frente al déficit de 2016.

En cuanto a las comunidades autónomas, el déficit público se situó en los 8.362 millones de euros, un 16,9% más que en el primer semestre de 2016 por los menores anticipos a cuenta del sistema de financiación regional. Este desajuste presupuestario equivale al 5,2% del PIB.

Por lo que se refiere a la Seguridad Social, el buen comportamiento de las cotizaciones sociales (que crecen por encima del empleo) permitió reducir su brecha entre gastos e ingresos un 3,4% entre enero y junio, situando el déficit total en los 7.661 millones de euros, lo que equivale al 0,54 % del PIB.

El Gobierno espera que la buena evolución de la recaudación permita cumplir el objetivo de déficit del 3,1% del PIB al cierre del ejercicio, una meta que figura tanto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como en el plan presentado a Bruselas para salir del procedimiento de déficit excesivo. El Ejecutivo espera que la brecha fiscal sea del 1,1% en el caso del Estado, del 1,4% en la Seguridad Social, del 0,6 % las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario los ayuntamientos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que cumplir con el objetivo de déficit comprometido con la Comisión Europea del 3,1% para 2017 es “muy ajustado”, aunque cree que es “factible”, sobre todo tras confirmar el Ministerio de Hacienda que el rescate de las autopistas quebradas se producirá en 2018.

No obstante, organismos como Funcas consideran que Gobierno y comunidades autónomas no serán capaces de lograr el objetivo fiscal y que el déficit público será del 3,3% del PIB, lo que implicaría nuevos ajustes (algo que descarta Hacienda). El as en la manga se encuentra en las corporaciones locales, que podrían generar un superávit que ayudaría a reducir el desajuste presupuestario.