El Estado ha ahorrado 15.000 millones de euros por el petróleo y los intereses de la deuda

El descenso registrado en el precio del barril de petróleo crudo Brent (la referencia en Europa) durante el pasado año, junto con la reducción de los intereses de la deuda pública española experimentado desde 2012, ha permitido un ahorro de 15.000 millones de euros en las cuentas públicas, según indican los datos del Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos.

Se trata de una cifra muy relevante que ha evitado la necesidad de realizar ajustes adicionales en materia presupuestaria y que podían incluso haber sido mayores sino se hubiera producido la recuperación del importe del petróleo en la última parte de 2016, que vino muy bien a compañías como Repsol pero que perjudicó las cuentas de las Administraciones Públicas españolas.

Los rumores sobre un posible acuerdo de los países productores de crudo para congelar o reducir la producción se hicieron realidad el pasado diciembre, provocando en tan sólo en tres sesiones un repunte del precio del 17%, volviendo a superar la barrera de los 50 dólares. El Gobierno confiaba a finales de 2015 que el ahorro que supondría para la economía española la bajada de las materias primas se traduciría en un balón de oxigeno de 10.000 millones, que finalmente se han quedado en la mitad.

Para 2017 las previsiones de los analistas indican que el importe del barril seguirá al alza. A pesar de las caídas experimentadas en los últimos días en la cotización de los futuros (con el Brent en niveles de 51 dólares) Goldman Sachs espera una subida hasta los 59 dólares en el segundo trimestre del año, bajando hasta los 57 dólares en la segunda mitad del ejercicio.

En cuanto a los intereses de la deuda pública, el Tesoro ha aprovechado el plan de asistencia financiera del Banco Central Europeo (BCE) para refinanciar el pasivo de las Administraciones Públicas españolas, logrando incluso intereses negativos en las subastas de deuda a corto plazo (letras). Esto supone que cuando España emite este pasivo son los inversores los que pagan un interés, una paradoja que sólo sucede cuando hay un organismo (en este caso el banco central) que mantiene artificialmente la demanda mediante su intervención en el mercado secundario.

Al cierre del pasado año, el 51,6% de la deuda pública del Estado en circulación estaba en manos de inversores extranjeros, casi dos puntos por debajo del porcentaje que representaba el año anterior.

En 2012 los mercados cerraron el grifo a España como consecuencia del estallido de la burbuja crediticia y las políticas expansionistas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: las dudas sobre el futuro del euro provocaron la venta de títulos de deuda pública española por parte de los inversores internacionales y el BCE tuvo que actuar, mediante el rescate financiero y la compra de títulos de pasivo.

Tras ese año, en que la deuda en manos de no residentes cayó hasta el 36,5% del total, en 2013 repuntó hasta el 43,8%. Al cierre de 2016 los extranjeros poseían 821.464 millones de euros de deuda pública española en circulación en enero, el citado 51,6%, mientras que el resto se encuentra en manos de instituciones, entidades o ciudadanos españoles, correspondiendo en un 17,5% al Banco de España (143.628 millones) y en un 15,7% a las entidades de crédito residentes (129.341 millones).