El espionaje de un policía a un periodista de OKDIARIO tumba la defensa de BBVA en el caso Villarejo

El espionaje a un periodista de OKDIARIO encargado por el BBVA a un policía en activo en 2012, conocido ayer, desmonta por completo la estrategia de defensa judicial del presidente actual del banco, Carlos Torres, y de su antecesor, Francisco González (que estaba en el cargo cuando se contrató al excomisario José Manuel Villarejo y tuvo que dimitir por el escándalo), en la pieza del caso Tándem por la que están imputados en la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón imputa a la entidad y a su expresidente los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Respecto al primero, la estrategia de defensa -que han seguido también los imputados en otras piezas del gigantesco caso sobre los espionajes de Villarejo- consiste en negar que tuvieran conocimiento de que el excomisario o cualquier colaborador suyo fuera un funcionario en activo; es decir, que pensaban que ya no formaban parte de la Policía Nacional.

Este argumento se viene totalmente abajo porque el correo electrónico que contiene un listado de llamadas del periodista Eduardo Segovia en 2012, cuando trabajaba para El Confidencial, fue remitido por el comisario Enrique García Castaño, alias ‘el Gordo’, desde una dirección de la propia Policía al entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano. Lo cual demuestra a las claras que el banco era perfectamente consciente de que la empresa de Villarejo (Cenyt) utilizaba personal y medios públicos para este tipo de actividades. Luego el cohecho resulta evidente.

Revelación de secretos

Respecto a la acusación de revelación de secretos, la defensa de BBVA ha consistido en asegurar que Villarejo no les proporcionaba ningún tipo de información relevante o sensible. Para empezar, se entiende mal que el banco pagara más de 10 millones a Villarejo a lo largo de 13 años (entre 2004 y 2017), según el propio auto por el que el magistrado levantó el secreto de sumario en 2020, por unos informes que no le aportaban nada.

Pero el espionaje a Segovia demuestra también que la empresa de Villarejo sí que accedió a información secreta y sensible, como es una lista de llamadas entrantes y salientes con identificación de los interlocutores de un periodista y un medio de comunicación (algo que vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución).

Como es evidente, la Policía no puede acceder a esta información si no es con una orden judicial que debe estar respaldada por claros indicios de delito, lo cual no es el caso. Y mucho menos puede acceder un tercero como el BBVA. En consecuencia, también se viene abajo la defensa del banco respecto al delito de revelación de secretos.

Cabezas de turco

Una tercera estrategia de defensa, seguida especialmente por Francisco González (FG), es echar la culpa a sus subordinados y negar que él tuviera conocimiento de estos contratos y de las operaciones de Villarejo para el banco. En concreto, sus cabezas de turco son el citado Corrochano y Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA, que habrían actuado por su cuenta sin comunicárselo a la presidencia.

Respecto al primero, González lo despidió con una indemnización de 900.000 euros -muy superior a la habitual en estos puestos- antes de que estallara el escándalo, como adelantó OKDIARIO. A pesar de lo cual, al ser acusado de ser el único responsable de la contratación de Villarejo, ha acusado en varias ocasiones en la Audiencia a FG y al entonces consejero delegado, Ángel Cano, de la decisión de contratar los servicios de Cenyt.

Ahora bien, Corrochano también ha asegurado que él pensaba que Villarejo y sus colaboradores estaban en excedencia cuando el banco contrató sus servicios, un argumento que también se tambalea con el espionaje a Segovia, ya que él recibió el mail de García Castaño enviado desde una dirección de la Policía.

Forensic

Por último, está la cuestión de que el correo que demuestra este espionaje fue descubierto por el propio forensic encargado por BBVA a PwC, según El Confidencial. Es decir, el banco conocía la existencia de este correo pero en ningún momento lo comunicó al juez, sino que se limitó a enviarlo en un pendrive junto a otros 2.000 emails.

Es más, el banco pidió el sobreseimiento de la causa asegurando que ni el banco ni FG tuvieron nunca indicios de ningún delito. Algo que evidentemente es falso puesto que, como mínimo, conocían este correo gracias al forensic. Y, en este caso, salpica directamente al actual presidente, Carlos Torres, quien de momento no ha sido imputado por el juez. Si éste lo hace por obstruir la investigación, Torres tendría que dimitir por las normas de honorabilidad del BCE y desataría un terremoto en el banco.