España no instaló ni un sólo megavatio nuevo de energía eólica en 2015

En España somos muy dados a poner de moda cosas que si después hacemos el seguimiento real se demuestra que son una mera filfa. Cuantas veces habremos escuchado a los dirigentes del PP hablar de la importancia de las llamadas energías verdes y que había que cambiar el modelo energético español.

Bien, pues en 2015, es decir pasados ya los años más duros de la crisis, aquí en España no se instaló un sólo megavatio nuevo de energía eólica según denuncia la Asociación Española de Energía Eólica (AEE).

El 100% de la energía eólica se exportó en 2014 y 2015

Para encontrar un año tan negro para el sector habría que remontarse hasta los años 80 cuando este tipo de energías se abrían un tímido hueco en el mix patrio. Los años 90 y dos mil sirvieron para consolidarla hasta los casi 23.000 MW instalados actualmente.

En los últimos cuatro años se han instalado 1.932 MW, lo que convierte la pasada legislatura en la menos eólica de las últimas cuatro y aleja a España del cumplimiento de los objetivos europeos de 2020 que nos exigen tener un 20% de nuestro mix energético que proceda de la eólica.

Para conseguir estos objetivos, la única posibilidad es convocar nuevas subastas cuanto antes y corregir determinados aspectos de la Reforma Energética para recuperar la seguridad jurídica.

Es más, viendo los recientes éxitos cosechados (es pura ironía) el sector recomienda al Gobierno que antes de hacer absolutamente nada se acostumbre a preguntar al sector por las necesidades reales y cómo debe hacerlo.

Desde que entró en vigor el nuevo sistema retributivo en 2013, sólo se han instalado 27 MW, un 1,4% del total acumulado en la última legislatura. De hecho, la industria eólica española lleva varios años sobreviviendo gracias a las exportaciones (en 2014 y 2015 ha exportado el 100% de su fabricación).

Para intentar suplir las carencias que este sector arrastra, la patronal recomienda recuperar la seguridad jurídica perdidas tras la Reforma Energética, que ha puesto en jaque a numerosos parques y empresas y ha dado lugar a un sinfín de procesos judiciales nacionales e internacionales. Para ello, es necesario modificar determinados aspectos de la regulación, como la posibilidad de cambiar las condiciones económicas -y, con ellas, la rentabilidad razonable- cada seis años.