Escrivá quiere bonificar que se retrase voluntariamente la jubilación con el paro juvenil en máximos

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, está tratando de cuadrar las cuentas del sistema de pensiones, que están siendo muy golpeadas por la crisis del coronavirus y las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias de la pandemia. Para empezar, este pilar del Estado del Bienestar cerrará este año con un déficit equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB), según ha señalado el ministro.

Durante su intervención en la comisión del Pacto de Toledo, Escrivá ha explicado que este porcentaje refleja el descenso de ingresos por el impacto del Covid-19 así como el menor denominador sobre el que se calcula, es decir un PIB inferior para este 2020.

Escrivá ha insistido en que la pandemia «no altera el diagnóstico» que el Gobierno tenía sobre la situación del sistema de pensiones y ha señalado que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social «es transitorio».

Eso sí, está intentando poner nuevas medidas sobre la mesa: por ejemplo, bonificar a quienes decidan posponer su retiro de forma voluntaria. A corto plazo podría ser rentable para las arcas públicas pero, en realidad, también puede perjudicar a uno de los colectivos con menos salidas profesionales tradicionalmente en España: los jóvenes. De hecho, la tasa de paro de los menores de 25 años roza el 40%, mucho más alta que la de cualquier otro país europeo.

Escrivá ha insistido en la necesidad de «potenciar la jubilación demorada» para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal.

Para ello, ha abogado por incentivar la demora de la jubilación y desincentivar su anticipo, para lo que reformulará los descuentos aplicados que en el caso de los perceptores que cotizaron por la base máxima apenas conlleva un descuento del 2%.

Según la Airef, ha apuntado, por cada año que se consiga aumentar la edad efectiva de jubilación, el ahorro se estima en hasta 1,2 puntos del PIB.

Lo que está claro es que, en un futuro, las pensiones públicas tendrán que bajar irremediablemente, según han avisado múltiples expertos en los últimos años. El envejecimiento de la población hará inevitable que se suscriban planes de pensiones privados. Eso sí, el Gobierno plantea lo siguiente: que los planes sean colectivos y no individuales.

El ministro de Inclusión, Jose Luis Escrivá, ha abogado por crear desde la Administración planes colectivos de pensiones de carácter abierto, así como diseñar un nuevo incentivo fiscal que impulse estos planes -fruto de la negociación colectiva- frente a los individuales.

Durante su intervención ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el ministro se ha comprometido a impulsar este modelo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable de los individuales, «sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones».

De esta forma, ha asegurado, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión de estos instrumentos, beneficiando además a las rentas medias y bajas, incorporando a jóvenes.

Según opina el Ministerio, el actual sistema no cumple con su principal objetivo, que es incentivar el ahorro, es muy regresivo, es un producto financiero muy caro y en el que gran parte del beneficio fiscal acaba en el sector financiero y es muy escasa participación de los jóvenes, informa Efe.