Escrivá plantea ampliar a 30 años el cálculo de la pensión descartando los dos peores años cotizados

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto este lunes a los agentes sociales ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años, según han informado fuentes de la cartera de José Luis Escrivá. Este cambio ampliaría en cinco años el periodo de cómputo, ya que en la actualidad se calcula con los últimos 25 años de cotización.

La Seguridad Social también ha planteado en la mesa de diálogo social una mejora en el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, así como para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Las propuestas del Ministerio contemplan, también, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

En cuanto a la base máxima de las pensiones, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y empresarios la posibilidad de vincular su evolución al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Esto irá acompañado de un incremento de la pensión máxima, según las mismas fuentes.

Escrivá quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año los dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativos a la «Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación» y «Adecuación de la base máxima de cotización del sistema». La Seguridad Social recuerda que este planteamiento es «un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social».

Por el momento, CCOO considera «claramente insuficientes» las propuestas presentadas este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también lamenta su «tardanza» para sentarse a negociar. El sindicato ha recordado en un comunicado que las variaciones en el periodo de cálculo no aparecen recogidas en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque admite que fueron incluidas por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Para CCOO, todavía no es necesario ampliar ese periodo, ya que se acaba de culminar el desarrollo de la extensión anterior y aún no existe certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria. No obstante, el sindicato califica como «positivo» que el Ministerio haya atendido su reivindicación de garantizar la revalorización de las bases máximas y de todas las pensiones. De esta forma, se incorporará a la Ley General de Seguridad Social con carácter normativo que las bases máximas de cotización y todas las pensiones, incluidas mínimas y máximas, se revalorizarán cada año, al menos, con el IPC real promedio de los 12 meses precedentes.

Esto evitará, a juicio de CCOO, que las bases máximas de cotización dependan de la «actuación discrecional» de cada Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Pese a la «satisfacción» por haber logrado la inclusión de esta propuesta, el sindicato exige medidas «más intensas» para el incremento de ingresos contributivos. Entre las reclamaciones del sindicato, también se encuentra la necesidad de incrementar la intensidad de las medidas relacionadas con la mejora de ingresos.

Sobre este punto, CCOO precisa que la base máxima de cotización en España estará en los 4.495,50 euros al mes y los 53.946 euros anuales desde el 1 de enero de 2023, con cerca de 1,1 millones de trabajadores que tienen salarios
superiores a esa cifra. Estos concentran unos 30.000 millones de euros de salarios cada año que, si cotizasen en su totalidad, generarían ingresos por cotizaciones del entorno de los 7.000 y 8.000 millones de euros anuales. Del mismo modo, CCOO apunta que esa medida exige revisar la cuantía de la pensión máxima para garantizar el mantenimiento del principio de contributividad.