Endesa promueve la renovación del Bono Social a un 82% de beneficiario que aún no lo han pedido

8 de cada 10 familias a las que le vence el Bono Social este mes de marzo y que son clientes de Endesa, no han tramitado aún su renovación. La compañía está intensificando las comunicaciones a los beneficiarios y promoviendo estas renovaciones para que más de 27.000 familias puedan seguir beneficiándose de una reducción de entre el 25% y el 40% en su factura de la luz. Representan un 5,9% del total de beneficiarios que perciben esta ayuda en España actualmente.

Endesa avisa a sus clientes con entre 20 y 90 días de antelación antes del vencimiento para que puedan gestionar sus renovaciones y en estos momentos, está reforzando la campaña informativa a través de mensajes directos (vía e-mail, SMS y con la factura de la luz que se emite antes del vencimiento del plazo), con la difusión en medios de comunicación y con el trabajo conjunto con los Servicios Sociales del territorio. El objetivo es recordar y facilitar la renovación del Bono Social a los clientes que deben renovarlo pasados los dos años que marca la ley y, a la vez, facilitar información sobre cómo puede tramitarse a las personas que lo solicitan por primera vez. En caso de no renovarlo a tiempo, el beneficiario dejará de percibir el descuento y deberá solicitarlo nuevamente.

Para la renovación, Endesa está poniendo a disposición de los clientes todos los medios para facilitar estas tramitaciones, incluso sin necesidad de desplazarse. La compañía cuenta con una App específica y única en el mercado para hacer todas las gestiones desde el móvil (EnergíaXXI Bono Social, disponible en IOS y Android); ha puesto a disposición de los clientes un canal de whatstup 24/7, así como asesoramiento telefónico y por correo eléctrico.

 Fin de la prórroga automática

La reducción de las solicitudes de renovación, y por tanto, del número de beneficiarios, comenzó a acusarse desde que acabó la prórroga automática del Bono Social el pasado mes de septiembre y que estableció el Gobierno como medida de ayuda por la crisis de la COV-19. De hecho, a primeros de febrero, 378.973 clientes de Endesa tienen asignado Bono Social, frente a los más de 450.000 que había en agosto del año pasado, es decir, un 15,7% menos.

La compañía tramita mensualmente un promedio de 36.642 solicitudes de Bono Social en España, con un 70% de resoluciones favorables aprobadas por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Estas ayudas están destinadas a pensionistas, familias numerosas y personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, un 8,47% son pensionistas, el 31,91% familias numerosas, el 58,98% personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta y el 0,64% corresponde a colectivos especialmente afectados por la crisis económica derivada de la Covid-19 y que se han acogido a esta ayuda. De todos ellos, el 52,12% tienen un descuento del 25% en la factura porque han sido considerados como vulnerables por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que el 47,88% son vulnerables severos y perciben una ayuda del 40%.

Refuerzo en los canales presenciales

Endesa tiene en marcha además un Plan de Contingencia de Atención al Bono Social en los canales presenciales para potenciar el uso de la cita previa y que los clientes dispongan, entre otros, de una cola personalizada solo para Bono Social con el fin de proporcionar toda la información necesaria y así facilitar las gestiones relacionadas con renovaciones o nuevas solicitudes.

Así mismo, en la web https://www.energiaxxi.com/bono-social-mr está disponible toda la información sobre este descuento: desde los requisitos concretos para poder beneficiarse del mismo hasta la documentación necesaria.

Cuando Endesa recibe la documentación, un equipo especializado se encarga de atender las solicitudes, valida si se han recibido todos los documentos necesarios. Si falta algún documento, se informa al cliente y después se envía la consulta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para su asignación. Finalmente, la Compañía comunica al cliente la resolución del Ministerio.

¿Qué es el Bono Social?

El Bono Social es un descuento en la factura de la luz regulado por la legislación vigente que tiene el objetivo de proteger aquellos hogares considerados vulnerables por sus condiciones socioeconómicas. Aunque quien lo tramita es la comercializadora de referencia, el Gobierno español es quien lo asigna, una vez verifica el cumplimiento de los criterios.

El ahorro sobre la factura que percibe el cliente, lo asume económicamente la comercializadora y, en este sentido, facilita el pago de las facturas de los colectivos más desfavorecidos. Además, los beneficiarios del Bono Social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de los consumidores (un periodo de 4 meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de 2 meses).

Para optar al Bono Social es imprescindible ser cliente de una comercializadora de referencia (como Energía XXI), ser el titular de un contrato con la tarifa eléctrica PVPC (con o sin discriminación horaria) y una potencia igual o inferior a 10 kW en la vivienda habitual, además de cumplir otros requisitos específicos detallados en la tabla adjunta.

En septiembre, en el contexto económico provocado por el Covid-19, el Gobierno amplió el Bono Social a desempleados, personas en ERTE y empresarios que hayan visto reducidos sus ingresos, todos los cuales podrán acceder al Bono Social con un descuento del 25% hasta el 30 de junio de 2021, con la posibilidad de solicitarlo de nuevo por el RD 897/2017 a partir del 1 de julio o con anterioridad a esa fecha, si dejan de cumplir con los requisitos mencionados.

Continuidad en el suministro

Además, la normativa protege también aquellos hogares vulnerables que, a pesar de acogerse al Bono Social, no puedan pagar la factura. En ese sentido, la Ley del Sector Eléctrico estipula que no se puede interrumpir el servicio en una vivienda en la que haya, al menos, un menor de 16 años en la unidad familiar, o en la que el titular o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III. En estos casos es Servicios Sociales quién ha de emitir un certificado que acredite estas circunstancias para ponerlo en conocimiento de la comercializadora.