Enagás inicia un arbitraje contra Perú por el Gasoducto del Sur Peruano
Enagás ha presentado hoy ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la solicitud para iniciar un arbitraje contra Perú por la controversia relativa a su inversión en el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
Enagas ha adoptado esta decisión después de que tras seis meses de trato directo no haya sido posible llegar a un arreglo amistoso, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
No obstante, la compañía confía en alcanzar un acuerdo que ponga fin al procedimiento arbitral y para ello se ha puesto a disposición de las autoridades peruanas con el fin de iniciar los contactos necesarios para alcanzar un arreglo amistoso.
La compañía reitera además que, de acuerdo con los análisis e informes periciales de sus asesores externos jurídicos y financieros, recuperaría la inversión realizada en GSP en un plazo de unos tres 3 años y ratifica, de esta manera, los objetivos de crecimiento del beneficio después de impuestos del ejercicio 2018.
A mediados de diciembre pasado, Enagás solicitó a Perú el inicio de un procedimiento de trato directo como paso previo a un arbitraje internacional para alcanzar un acuerdo amistoso.
La controversia, según explica Enagás, radica en la disconformidad de la Administración peruana para reconocer la vigencia de la cláusula 20 del contrato de concesión de GSP, en virtud del cual Enagás tendría derecho a recuperar la inversión hecha en el proyecto.
El 24 de enero de 2017 se declaró concluido el contrato de concesión de GSP y, para este supuesto, la citada cláusula 20 del contrato de concesión establecía que el concedente debería subastar la concesión en el plazo de un año desde su terminación (es decir, antes del 24 de enero de 2018).
Con la suma obtenida en la subasta debería abonar al concesionario hasta un máximo del valor neto contable de los bienes de la concesión, deducidos los gastos incurridos en el proceso de subasta.
No obstante, Enagás ya señalaba en diciembre que no se había avanzado lo suficiente con la administración peruana en los trámites necesarios para calcular el VCN y para celebrar las convocatorias de las subastas a las que se refiere la mencionada cláusula.
Por ello, decidió el pasado año poner en marcha los medios a su disposición para recuperar su inversión y para la mejor defensa de sus intereses y la de sus accionistas.
Las acciones de la compañía han caído un 0,44% hasta los 24,93 euros por acción.
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