Bruselas da luz verde a ACS, Telefónica y Santander para competir por la gigafactoría europea de IA

La candidatura española para albergar una de las grandes gigafactorías de inteligencia artificial de Europa superó uno de sus principales trámites. La Comisión Europea ha dado este jueves luz verde a la empresa conjunta creada por ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), para competir por una de las infraestructuras estratégicas que Bruselas quiere desplegar en la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario autorizó la operación en virtud del Reglamento europeo de concentraciones y concluyó que la creación de la sociedad no plantea problemas de competencia debido a la posición limitada que tendrá en el mercado resultante. Bruselas examinó además la operación mediante el procedimiento simplificado.

El visto bueno permite al consorcio español avanzar en su candidatura a la Iniciativa de Gigafactorías de IA impulsada por la Comisión Europea, uno de los grandes proyectos con los que Bruselas pretende reducir la dependencia tecnológica del continente frente a Estados Unidos y China.

España quiere hacerse con una de esas instalaciones mediante una candidatura multisede que contempla dos ubicaciones: Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. La futura infraestructura deberá proporcionar una enorme capacidad de computación destinada al entrenamiento y desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados.

El Gobierno pone 719 millones

La apuesta cuenta con una participación pública. El Consejo de Ministros autorizó el pasado 16 de junio una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, canalizada a través de la SETT, organismo conocido como la SEPI Digital.

La entrada de la SETT convirtió al Estado en socio directo del vehículo que presentará la candidatura española ante Bruselas y permitió articular un consorcio en el que participan tres de las mayores compañías españolas.

ACS, Telefónica y Banco Santander controlarán conjuntamente el 47% del capital de la sociedad. Cada una contará con una participación del 15,67%, lo que convierte a las tres compañías en los principales inversores privados de una iniciativa que necesitará movilizar una inversión multimillonaria si finalmente recibe el respaldo europeo.

La estructura reúne además perfiles empresariales complementarios. ACS aporta su capacidad en la construcción y desarrollo de grandes infraestructuras; Telefónica, su experiencia en telecomunicaciones y centros de datos; y Santander, músculo financiero para un proyecto que exigirá importantes inversiones durante los próximos años.

El Estado, por su parte, utiliza la SETT como instrumento para respaldar una infraestructura que el Gobierno considera estratégica dentro de la carrera europea por ganar autonomía en inteligencia artificial.

Una infraestructura estratégica

Las gigafactorías forman parte del intento de la Unión Europea por cerrar la enorme distancia que mantiene con Estados Unidos y China en capacidad de computación. El objetivo comunitario pasa por levantar grandes instalaciones capaces de concentrar decenas de miles de procesadores avanzados y ofrecer capacidad suficiente para entrenar modelos de IA de última generación.

La disponibilidad de esa potencia informática se convirtió en uno de los principales cuellos de botella para las empresas europeas. Los modelos más avanzados requieren inversiones cada vez mayores en chips, centros de datos, energía y redes, un terreno en el que las grandes tecnológicas estadounidenses cuentan actualmente con una ventaja considerable.

Por ello, albergar una de estas gigafactorías supondría para España algo más que captar una nueva inversión industrial. La instalación podría convertirse en un polo de atracción para empresas tecnológicas, proveedores de centros de datos, compañías energéticas y desarrolladores de inteligencia artificial.

La candidatura española deberá ahora imponerse a las propuestas que presenten otros Estados miembros interesados en captar unas instalaciones que Bruselas considera esenciales para garantizar la soberanía tecnológica europea.