Las empresas de VTC advierten a Torra de que deberá afrontar responsabilidades penales

Así lo avisa la patronal del ramo Unauto VTC en un carta que su presidente, Eduardo Martín ha enviado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y también al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

En las misivas, Unauto critica que la Generalitat desconsidere las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Autoridad Catalana de Competencia, «causando un quebranto económico evitable a las haciendas autonómica y municipal».

Así, asegura que la Generalitat «deberá hacer frente, no sólo a los recursos que con total certeza se formalizarán frente a esas normas o sus actos aplicativos, sino a las responsabilidades personales, administrativas y penales que se exigirán a empleados públicos y responsables políticos».

El presidente de Unauto VTC considera asimismo «altamente discriminatorio» para el sector las medidas que quiere impulsar la Generalitat a través del Decreto que prevé aprobar el próximo martes y que entrará en vigor el miércoles de la próxima semana.

Se trata de la obligación de precontratar los servicios de VTC con una antelación mínima de 15 minutos, medida que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) complementaría con otros 45 minutos adicionales, y la prohibición de mostrar la geolocalización de vehículos con el objetivo de desincentivar la contratación de los servicios VTC por parte de los usuarios, según Unauto VTC.

Expulsión de Cataluña

«La implantación de estas dos medidas supone la expulsión, de facto, de las plataformas y empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos con conductor» de Cataluña, ya que argumenta que provocan la inviabilidad económica de las licencias y, por tanto, de la actividad de este tipo de compañías.

«Barcelona será la primera ciudad europea en que Uber y Cabify sean expulsadas, lo cual también repercutirá negativamente en la imagen de la ciudad», ha continuado.

Martín ha criticado que los ciudadanos de Barcelona verán reducida su oferta de movilidad y «se verán obligados a contratar, quieran o no, los servicios de taxi por inexistencia de ninguna otra alternativa en el mercado», una repercusión que también se extenderá al turismo, el comercio y demás sectores económicos.

Ha recordado que si estas medidas tiran adelante conllevará que los más de 4.000 empleados de las empresas asociadas a Unauto VTC en Cataluña se queden en el paro, a lo que se suma también la pérdida de empleo indirecto.

En cuanto a la Generalitat, el presidente de Unauto VTC le ha advertido de que «verá reducida su recaudación de impuestos y deberá hacer frente a las indemnizaciones en reparación del daño», que rebasarían los 1.000 millones de euros para el conjunto del sector, según cálculos de la consultora E&Y.

Ha lamentado que estas medidas se hayan impulsado «como consecuencia de la presión que, hasta límites insospechados, está efectuando el sector del taxi, trasladando a la sociedad el mensaje de que el incivismo y la violencia son las vías válidas para obtener resultados favorables en las negociaciones con las Administraciones Públicas».