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Economía

Las eléctricas no entienden el intervencionismo de Nadal que obliga a mantener abiertas sus centrales

Las eléctricas sencillamente no entienden el real decreto (aún en borrador) del Gobierno que endurece las condiciones para el cierre de las centrales de carbón. Fuentes del sector aseguran que el empeño intervencionista de Álvaro Nadal, ministro de Energía, se ha convertido en un dolor de cabeza para las compañías del sector que, siguiendo el mandato de la Cumbre de París, quieren seguir la senda de la descarbonización de la economía apostando por las energías limpias.

El cierre de plantas eléctricas no es novedoso, sin embargo, sí que es cierto que las clausuras siempre se han hecho de manera sigilosa. Ahora la situación se ha tornado un poco más ruidosa, sobre todo porque Nadal está empeñado, según fuentes jurídicas, en un intervencionismo en las empresas privadas que no es precisamente de corte liberal.

A finales de noviembre el ministro profundizaba aún más en sus pretensiones: “La política energética la hace el Gobierno, no las empresas” tras conocerse la decisión de Iberdrola de solicitar el cierre de sus centrales de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

Según el documento de la discordia, las compañías eléctricas deben solicitar el cierre a detallando todos “los aspectos técnicos y económicos que justifiquen el desmantelamiento de la planta, así como el coste de éste”. Seguidamente, Energía emitirá un informe valorando la “coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales” y se emitirá la decisión que, por cierto, tomará en último término el mismísimo Nadal, según el documento.

Si el Gobierno deniega el cierre, las compañías eléctricas tendrán que seguir con la central en funcionamiento (aunque no sea rentable) o trasmitir la instalación a un tercero por el procedimiento de subasta. Un proceso de subasta que, por cierto, en un principio no contemplaba que la misma compañía pudiera pujar por lo que podría considerarse no ya intervencionismo, sino una expropiación y el Gobierno se vería obligado a compensar a la empresa en cuestión. Un hecho que, tras las alegaciones de las eléctricas, obligó a Nadal a revisar el documento regulatorio.

Por su parte, fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO creen que el real decreto no terminará viendo la luz porque legalmente su contenido es muy cuestionable, aunque si sale adelante es más que posible que las compañías afectadas lo recurran en los tribunales.

Otras fuentes del sector aseguran que las eléctricas han presentado alegaciones ante Energía argumentando que la regulación (insistimos, aún en borrador) vulnera la libertad de empresas obligándolas a seguir con unas centrales térmicas deficitarias y contaminantes en funcionamiento. Razón por la cual, aseguran otras fuentes consultadas por este periódico, las compañías del sector deberían ser compensadas económicamente por el Gobierno.

Endesa y Gas Natural, de momento, no han manifestado su postura con respecto al real decreto. Y Sánchez Galán, por su parte, señalaba el pasado mes de noviembre que “movilizar la inversión privada depende del diseño de marcos transparentes”.

El documento, aseguran las mismas fuentes del ministerio, fue enviado por Energía el pasado 13 de noviembre a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Un real decreto sobre el que se llevaba trabajando desde febrero, aunque se aceleró tras la petición de Iberdrola de cerrar sus dos centrales térmicas en España.

Según el real decreto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el proceso de cierre se permitirá cuando “no amenace a la seguridad del suministro eléctrico y cuando no fueran desfavorables a los precios de la electricidad”.